Más de diez medidas se han radicado este año en la Cámara y el Senado de Puerto Rico para ejercer un mayor control de armas, pero mientras una parte de la población aboga por unas leyes más estrictas como mecanismo para prevenir casos tan trágicos como el ocurrido en la escuela Sandy Hook hace siete meses, otros alegan que las armas pueden salvar vidas y que poner trabas para su portación es una ridiculez e hipocresía.

De acuerdo alcriminólogoGaryGutiérrez, el 90% de los asesinatos en el país se cometen con armas de fuego, pero un mayor control de armas, no necesariamente, equivale a una disminución o erradicación de la violencia.

'No quiere decir que porque no haya armas, no va a ver violencia', estableció.

Activistasa favor de las armas, como las Damas de la Segunda Enmienda (DSE), se oponen al mito general de que las armas son sólo para la policía y que ese cuerpo es el único responsable de defender a la ciudadanía.

'Sólo yo me puedo proteger... Un pedazo de papel no te va a salvar tu vida. La Ley 54 es un pedazo de papel que dice que esa persona no se puede acercar a la otra persona', argumentóSandraBarreras Rincón, vicepresidenta deDSE.

Laactivistafue más allá al decir que evita ir a todo tipo de conciertos, barras, bancos o restaurantes donde prohiban la entrada de armas.

'Es mi derecho. Allí adentro nadie me puede proteger. A mi me están desnudando para que cualquiera pueda hacer lo que quiera conmigo allá dentro... Sólo yo me puedo proteger', enfatizó.

De hecho, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el casoCastleRockv.Gonzales, ya había establecido que un departamento de policía no puede ser demandado por no hacer cumplir una orden de protección, aunque culminara en la muerte de una mujer y sus tres hijos.

Para Gutiérrez, la decisión no sorprende cuando se mira el contexto bajo el cual fue creado ese cuerpo.

'El surgimiento de la policía se planteó para mantener orden, nunca para proteger el ciudadano. Tanto en EE.UU., como en Inglaterra la policía surge ante enormes movimientos sindicales, y la presión de grandes empresas que convencieron al estado de que hacía falta controlar a las masas', aseveró el catedrático en la UniversidadInteramericana.

Sin embargo, un problema de la actual Ley de Armas es la desigualdad que representa, al privilegiar un sector adinerado, pero dificultar y hasta penalizar a las clases pobres, que buscan el acceso a las armas.

'Todo persona en silla ejecutiva del gobierno tienen el derecho de por vida y gratis, pero tú y yo tenemos que pagar por una licencia. Todo fiscal y juez tiene el derecho gratis y de por vida. A ellos no los ponen a hacer los estudios que nos ponen a hacer a nosotros. Ya ahí hay una élite', criticó Barreras Rincón.

'El resultado final es que la posesión de armas, para los sectores populares o excluidos, no van a tener derecho de portar armas porque no las pueden pagar o el estado no se las va aprobar como legales. Para tener el derecho tienen que demostrar al estado una necesidad', coincidió Gutiérrez.

Algunos de los proyectos que se consideran en la Legislatura en estos momentos son los siguientes:

-P del S 0009 de la autoría de Eduardo Bhatia que busca prohibir la venta de municiones entre el 1 de noviembre de cada año y el 7 de enero del año próximo, eximir a los agentes del orden público y fijar sanciones.

-P del S 0003 de la autoría de Eduardo Bhatia que busca garantizar una mayor rigurosidad en el proceso de evaluación de una solicitud de portación de armas, al ampliar la jurisdicción para considerar el historial delictivo de un solicitante e instituir la presentación de una declaración jurada que acredite si un determinado solicitante ha participado de una conducta sancionada por Ley.

-P del S 8 de la autoría de Eduardo Bhatia para disponer que se incluyan en el registro electrónico las transacciones de municiones codificadas y que los vendedores autorizados lleven constancia de las ventas de municiones codificadas.

-P de la C 3 de la autoría de Jaime Perelló Borrás, que busca requerir la presentación de un certificado médico y de darle a la Policía facultad de solicitar una evaluación psicológica.

'Está medida le da poder a la policía para hacer cacería de brujas y para decidir si una persona está apta psicológicamente, a pesar de no tener el conocimiento para determinarlo', criticó Barreras Rincón, al agregar que representará un gasto adicional de $300 por las tres sesiones de estudios psicológicos.

'Una licencia no exime a nadie de que vaya a cometer mal uso de ella. Aquel que cometa mal uso de ella, tiene que pagar las mismas consecuencias. La licencia es una ridiculez. Es un pedazo de papel que no sirve para nada porque el delincuente no la tiene y hace lo que le da la gana, y ese sí está haciendo las cosas mal', puntualizó la activista.

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