La extensión de la política de aumentos escalonados en el costo por creditos de la Universidad de Puerto Rico a los estudiantes de nuevo ingreso ha sido una vuelta al pasado de incumplimiento de las autoridades universitarias con el estudiantado, catalogaron varios líderes y representantes.

La recién estrenada Junta de Gobierno nombrada por el gobernador Alejandro García Padilla aprobó el presupuesto de la institución contando con ese aumento para la clase entrante. Su presidente, Jorge Sánchez, dijo a NotiCel que se optó por extender por un año la vigencia de la Certificación 60 de 2006-2007, que estableció desde entonces el ajuste para los estudiantes de nuevo ingreso sobre el monto del año anterior.

La Junta Universitaria recomendó que se detuviera la continuación de la imposición, sobre todo, porque la mencionada certificación solo estipuló los ajustes hasta el año pasado. Además, detallaba que se debía realizar unas evaluaciones a seis años de su implementación y estas no se han realizado.

'Están tratando de tergiversar la certificación a su conveniencia. Eso resalta más porque en las vistas públicas en el Senado sobre su confirmación, dijeron que no iba a haber un aumento en la matrícula. Queda en evidencia que le están mintiendo al país', señaló el representante estudiantil ante la Junta Universitaria, Aníbal Yariel López Correa. El mismo universitario escribió ayer una carta al presidente de la Junta de Gobierno advirtiéndole sobre las contradicciones del proceso y pidiendo que se dejara sin efecto el ajuste.

López Correa destacó el historial de incumplimiento de la Universidad, evidenciado por la suspensión de subvenciones a investigaciones de la National Science Foundation y el requerimiento de información por parte del Departamento de Educación federal bajo amenaza de congelar fondos asignados. Pero a los estudiantes no les cumplen ni al final del camino. 'No nos cumplen y por eso estamos reaccionando'.

La eliminación de la Cuota de Estabilización Fiscal, que sumó $800 a la carga económica de estudios, no es una justificación para implementar el alza, sostuvo López Correa. Más aún porque se eliminó la beca que se creó para su solvencia y, mediante el Proyecto de la Cámara 1255, se pretenden destinar unos tres millones de los fondos de la UPR para beneficio del Hospital Municipal de San Juan.

'Hay que tener en cuenta que han habido cambios en la reglamentación federal que afecta a los estudiantes que reciben ayuda económica. Además, desde 1995, los estudiantes asistentes de cátedra (del recinto de Río Piedras) no habían recibido un aumento en su estipendio. Este año lo aumentaron un 9%. Pero desde el 94 o 95, la matrícula ha aumentado cerca de 60%. O sea, que se le está imponiendo más carga a los estudiantes y no se les está haciendo justicia', apuntó.

El presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, Christian Arvelo Forteza, ha dicho que la posición del cuerpo es que 'el aumento no puede ir, es ilegítimo'.

Condenó la falta de rendición de cuentas sobre la utilización de los fondos y que la comunicación entre la nueva Junta de Gobierno y los representantes estudiantiles no sea clara.

Adelantó que los representantes ante la Junta Universitaria y los presidentes de los consejos estudiantiles de los 11 recintos, que conforman la Confederación Estudiantil Nacional, se reunirán este fin de semana para determinar el curso de acción a tomar ante el aumento planteado.

Asimismo, la portavoz de la Unión de Juventudes Socialistas, Teresa Córdova, indicio que su organización comenzará a realizar manifestaciones aun antes de que comiencen las clases.

Córdova repudió 'el doble discurso del Partido Popular Democrático, que por un lado el gobernador habla de autonomía universitaria y por el otro su partido evidentemente la está violando. Entonces, vemos cómo los estudiantes siempre son los primeros afectados'.