El Concilio Nacional de Policías (CONAPOL) denunció esta mañana que el gobierno de Puerto Rico y el Superintendente Hector Pesquera han emprendido acción punitiva e ilegal contra un grupo de policías que ha expresado interes en el retiro temprano, al indicarles que se les quitarán varios de sus derechos como veteranos de ese cuerpo.

Por tal razón, la organización radicó un interdicto ante el Tribunal de Primera Instancia en la tarde del miercoles para detener la imposición de sanciones y ordenar el archivo de querellas con más de un año de radicada.

'Les están sacando ahora querellas de hace dos años. A algunos les están diciendo que tienen que coger 60 días de suspensión, antes de coger el retiro. A otro grupo le aparecen investigaciones de más de dos años y le dicen que tienen que coger un retiro deshonroso', explicó Edwin Robles, presidente de CONAPOL.

Mediante una misiva con la firma del Superintendente de la Policía, se les notificó a al menos 15 de sus socios que se les privará del derecho a tener una licencia de portar armas, a una licencia de tener identificación como veterano de la policía de Puerto Rico, y a una licencia como detective privado, por haber hallado en sus expedientes querellas de hace dos a cuatro años.

El problema consiste en que conforme con la ley 35 del 21 de mayo de 2011, hay un término máximo de un año para realizar cualquier trámite de faltas graves al reglamento de la Policía, por parte de alguno de sus miembros. Es decir, que toda sanción que se ejerza contra un miembro de la policía no puede darse a un período mayor de un año desde que se recibe la querella.

'Estos policías no sabían de estas querellas hasta el momento de su retiro. La Policía no fue negligente con el manejo de estas querellas, y ahora es que se las vienen a sacar... Tenían un año para diligenciarlas al momento en que se radicaron y no lo hicieron', expresó Robles, en entrevista con NotiCel.

Las faltas graves al reglamento pueden significar un accidente de tráfico o negligencias en el cumplimiento del deber, que por lo general se tramitan con una suspensión del empleo y salario. Sin embargo, al esperar al retiro para otorgar la sanción puede tener mayores repercusiones como por ejemplo, dificultad para hallar otro empleo en la empresa privada, según Robles.

'Entiendo que es una forma de desquite contra el policía que se está yendo. Y el policía no lo hace porque quiere, sino porque la ley les obligó a eso. No es lo mismo retirarse con un 65% de pensión de su salario, que retirarse con un 47%. Pueden perder hasta $1,000 de pensión si no lo hacen ahora', comentó Robles, al añadir que muchos de estos policías pueden rendir hasta 10 años adicionales de servicio por encontrarse en buenas condiciones físicas.

'A la larga quien se afecta es el pueblo porque le falta la vigilancia', concluyó.

Al momento, tantoConapolcomo el Sindicato de Policías Puertorriqueños, están a la espera de la determinación del Tribunal Supremo sobre el recurso dereconsideración, que sometieron el pasado jueves para quese les excluya de la aplicación de la Ley 3.

Ambas organizaciones alegaron que una exclusión de los policías no tendría un impacto negativo en el informe de Moodys para la degradación del crédito por tratarse de un grupo minoritario.

Además, pidieron al tribunal que reconsiderara su decisión al considerar la crisis de seguridad que provocaría la salida de miles de policías.Se espera que el Tribunal Supremo resuelva en cualquier momento la moción de reconsideración.

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