Organizaciones sindicales del país exigieron al gobierno de Alejandro García Padilla que no se deje chantajear del sector privado que pide que no los toquen con nuevos impuestos cuando el pasado cuatrienio ese mismo sector 'privilegiado' administración tras administración, de rojos y azules, apoyó el despido de 30,000 empleados públicos.

Representantes de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE) se expresaron a favor de la llamada patente nacional y de que se elimine la reducción en las tasas tributarias a las corporaciones que se aprobó bajo el gobierno de Luis Fortuño.

El grupo reclamó, además, que se les de espacio en la mesa cuando se discuta en el futuro una Reforma Contributiva, ya que el gobernador García Padilla todavía no los ha recibido, pese a que el pasado 4 de marzo le enviaron una carta solicitándole una reunión para presentar sus propuestas para atender la crisis fiscal del Estado.

'(Las referidas medidas) deben considerarse como un paso adelante hacia una reforma profunda e integral del sistema tributario en cuya formulación y deliberación deben estar representado las y los trabajadores que son el componente más importante del sector productivo', destacó Roberto Pagán, presidente del SPT.

El economista Alejandro Silva presentó estadísticas que demuestran que el sector empresarial ha ido aumentando sus riquezas, mientras los trabajadores han continuado empobreciéndose y datos del 2006 del Banco Mundial coloca a Puerto Rico en la posición número 15 como uno de los países en los que peor distribución de riqueza hay.

Por ello, Silva urgió 'un impuesto a la riqueza' y una mejor distribución de la carga contributiva.

'Aquí los sindicatos, básicamente, lo que están reclamando es un espacio para un proceso inclusivo donde todos los actores sociales del país participen en lo que sería la reforma fiscal que a largo plazo se plantee para el país. En esta reforma, lo que se pretende es que se garanticen los objetivos de promover la equidad (contributiva) y el desarrollo económico y que en esa discusión se hable de un impuesto la riqueza, que puede ser a través de una revisión del método de tasación de la contribución a la propiedad, otra forma que se hable de la revisión de incentivos contributivos donde se otorgan incentivos a industrias que, tal vez, ni los necesitan y que más bien responden a un cabildeo de unos intermediarios que se benefician de ese proceso', destacó Silva.

Pagán recordó que en las pasadas décadas administraciones de los dos partidos que se han turnado el poder han concedido a diestra y siniestra incentivos a las corporaciones a cambio de la creación de empleo, pero nadie fiscaliza que cumplan con los requisitos que se les imponen para ser acreedores de tales exenciones.

NC: Por qué la tardanza de los sindicatos en expresarse ante los impuestos que se avecinan?

'La realidad es que es poca la información que se ha tenido en todo este proceso y es muy difícil que nosotros pudiéramos intervenir con unas posiciones claras sobre estos asuntos. De todas formas, nosotros entendemos que se están hablando de unas medidas temporeras y una reforma contributiva integral y en ese momento nosotros esperamos tener la oportunidad de participar', sostuvo Pagan, quien también tiene reservas en el IVU intranegocios que crearía un efecto en cadena que impactaría el bolsillo del consumidor.

Federico Torres Montalvo, de la CUTE, criticó a los empresarios y los industriales a quienes responsabilizó de ser unos aliados del gobierno de Fortuño en el despido de 30,000 empleados públicos.

'Nosotros estuvimos por los pasados cuatro años aportando y ellos estuvieron silenciosos. Ese mismo sector que hoy alza su voz apoyó la nefasta política laboral y económica del pasado gobernador Luis Fortuño, incluyendo los más de 30,000 despidos mediante la implantación de la Ley 7 de 2009', arremetió Torres Montalvo.

El líder sindical cuestionó cuándo algún gobierno le ha eliminado incentivos a empresas que no cumplen con sus promesas de creación de empleos y él mismo contestó: 'nunca'.

Torres Montalvo afirmó que queda por verse si el gobernador García Padilla hace buena su palabra y honra sus declaraciones de que tienen que pagar los que más tienen.

'Nosotros estamos insistiendo que tiene que ser así, lo estamos diciendo desde hace tiempo y yo recuerdo que para el 2008 se aprobó la Ley de Incentivos Industriales, la aprobó la Legislatura PNP y nosotros le pedimos al entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá que no la firmara, la firmó como a las 6:00 de la mañana. Nosotros planteábamos en aquella ocasión y lo reiteramos ahora que la reforma incluya la Ley de Incentivos Industriales… los empresarios tienen ganancias, pero la proposición de la creación de empleos y los salarios de los trabajadores no aumentan igual que aumentan las ganancias que tienen las empresas y aquí nadie fiscaliza si están cumpliendo para ser acreedor de los incentivos industriales', criticó Torres Montalvo.

Y Pagán contraatacó.

'Es patética la posición de los industriales y los empresarios en este país. Mientras un pueblo se empobrece cada día más y más, mientras los servicios por falta de recursos son cada día peores, ellos aumentan sus ganancias y todavía están reclamando que no los toquen', reclamó Pagán.

Mientras, Víctor Villalba, de la CPT, adelantó que se aprestan a presentar una nueva demanda para impugnar la Ley 3 de Reforma del Sistema de Retiro, que ya una jueza superior de San Juan desestimó en el caso específico de los empleados de la Oficina del Contralor.