El foro de análisis, que se llevó a cabo en la sede del Colegio de Abogados de Puerto Rico, en Miramar, debatió el choque constitucional que causaría la controvertida decisión del Supremo sobre la Ley 18, que de inmediato pone en cuestión la separación de los tres poderes estatales del país.

Los licenciados panelistas, Yanira Reyes Gil, Carlos Ramos González y Willmai Rivera Pérez, comentaron aspectos como la relación de la determinación del Tribunal Supremo con la inconstitucionalidad de la Ley 18, el trasfondo histórico de la separación de poderes y la definición de un Tribunal de Primera Instancia, sin pasar por alto el análisis del voto de disidencia del juez asociado Luis Estrella, respectivamente.

La licenciada Yanira Reyes comenzó su ponencia presentando el caso para sentar las bases de la discusión, diciendo que era necesario tomar en perspectiva un orden cronológico de eventos para comprender lo que sucede.

'Quizás es necesario empezar por el partido pasado, que empezó por el aumento de jueces del Tribunal Supremo', sostuvo, haciendo referencia a la agenda política del ex gobernador, Luis Fortuño, cuando durante su mandato nombró jueces para 'promulgar la integridad, imparcialidad, y honestidad', según sus expresiones de entonces.

'Parece que cada vez que la legislatura quiere meterle mano al Tribunal usa la misma excusa, el ataponamiento de casos y el auge del recurso de certificación pero dónde están los números?', mientras sugería que aparte de ese dato, también la falta de debate, la aprobación del proyecto en apenas 4 días y la inmediata firma del gobernador constituyen elementos a tomarse en cuenta para pensar que todo esto se debe a una 'revancha' por parte del actual gobierno, según Reyes, máximo si se trae a la mesa que la demanda por parte de los empleados públicos denunciando la inconstitucionalidad de la Ley de Retiro fue realizada el 8 de mayo.

También trajo al debate la preocupación que había surgido de parte del juez Estrella, que el 15 de mayo, día de la firma, le había exhortado al gobernador a no aprobar el proyecto, a lo que García Padilla respondió, con copia a los demás jueces, que daría 'seria consideración' a su preocupación. Sin embargo, con la firma del proyecto, eso no pasó.

Por su parte, el licenciado Carlos Ramos calificó lo que sucede actualmente como una 'encomienda particularmente difícil' e hizo referencia a nuestro trasfondo histórico y a la falta de una separación de poderes desde que comenzó nuestra historia política, además de resaltar la necesidad de exigirle derechos al Tribunal Supremo.

'Estos son tiempos en los que hay que ser bien severos con el Tribunal Supremo, pero la severidad no puede confundirse con la falta de respeto', sostuvo.

Observó, además, que a pesar del 'conflicto serio de separación de poderes', el problema radica mayormente en que haya concentración de poder desmedida en una de esas ramas, aparte del inevitable pulseo que ha surgido desde siempre entre los miembros de las mismas por la diferencia ideológica.

Si bien destacó estas situaciones, también condenó que la rama judicial, la única, según él, que decide sus asuntos en última instancia relacionados a su propia existencia, se vea inmersa en esta controversia que pone en juego los derechos civiles de la población puertorriqueña y que sería algo 'extremadamente serio' que la legislatura intervenga en ese poder.

'Eso quiere decir que si hay un poder que tiene que ejercer la rama judicial con particular prudencia y mesura es allí donde hay un conflicto entre ramas políticas y rama judicial (…) no quiero que nos olvidemos de eso, porque de eso se trata el conflicto que tenemos hoy', expresó.

Wilmaí Rivera, tercera licenciada en turno, recordó que la Ley 18 es inconstitucional por dos razones, mencionadas en la decisión del Tribunal, siendo la primera que la misma se aprueba con la intención de que la Rama Legislativa interfiera con la labor de la Rama Judicial y la segunda porque se viola la tercera sección del Artículo V de la Constitución de Puerto Rico, pues no permite que el Supremo sea el espacio de última instancia en los asuntos judiciales del país.

Explicó, a manera de ejemplo, que los procedimientos judiciales normalmente realizados por los ciudadanos en el Tribunal Apelativo se verían trastocados precisamente por la 'intromisión', según lo catalogó, del Estado dentro de las decisiones que debería tomar el Supremo a la hora de hacer revisiones y hacer determinaciones de agencias administrativas.

Tras la ponencia de Rivera, la licenciada Reyes tomó el micrófono y expresó que no deben quedar dudas de que la ley es, en efecto, anticonstitucional y culminó instando a cuestionar la validez de esta ley y, teniendo presente lo expuesto durante la noche, cuál es la finalidad real de la misma.

Luego de la actividad se procedió a un conversatorio con los asistentes, donde los licenciados aclararon dudas e intercambiaron perspectivas con los presentes.