El inspector general interino Luis Daniel Rosa Velázquez, favoreció el viernes, el Proyecto del Senado 612 que busca eliminar la Ley del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico a fin de restituir las funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, 'es nuestra opinión que la Oficina del Inspector General constituye en la actualidad una agencia innecesaria dentro de la estructura gubernamental y en el contexto fiscal de nuestro país'.

Rosa Velázquez dijo que las funciones realizadas por su oficina confirman una serie de previsiones sobre su inefectividad en insustancialidad, 'consideramos que sus funciones resultan redundantes con otras dependencias del Gobierno y que la eliminación de sus funciones de auditoria interna de las agencias perjudico la operación del Gobierno en vez de fortalecerla'.

Otro de los de los que endoso la medida fue el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto Carlos D. Rivas Quiñones, 'nuestro ordenamiento jurídico provee varios mecanismos y procedimientos para la realización de distintas clases de auditorías. Ante ello, entendemos que resulta innecesario mantener una estructura cuyo campo de acción ya está ocupado por las distintas organizaciones o agencias públicas antes mencionadas' mencionó Rivas en las vistas públicas de la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica del Senado que preside el senador Ángel Rosa Rodríguez.

El director de OGP, explicó a Rosa Rodríguez que la eliminación de la OIG ayudaría a reducir gastos en el Gobierno, 'consideramos que la eliminación de la OIG constituye una excelente medida de administración y uso eficiente de los fondos públicos. Ello toda vez que se elimina la duplicidad de funciones y el gigantismo gubernamental'.

Por su parte el presidente del Colegio de Contables Públicos Autorizados Kenneth Rivera, se opuso a la legislación, 'la creación de la OIG facilita la autonomía, independencia y autoridad necesarias para lograr su objetivo principal sin impedimentos o restricciones, ya que la economía, eficiencia y efectividad de las entidades gubernamentales es su prioridad'.

Sin embargo el CPA realizó varias recomendaciones entre ellas poner un tiempo determinado para el nombramiento del Inspector General, 'un aspecto importante que consideramos se debe atender es el hecho de que el funcionario designado sea nombrado por un periodo no menor de cinco años. Asimismo, sugerimos que la persona no pueda ser nombrada por más de dos términos consecutivos y de surgir alguna vacante antes de expirar el termino, el nuevo nombramiento sea por el término que le faltaba por cumplir a su predecesor' indicó Rivera en su ponencia.