El exsenador por el Partido Nuevo Progresista, Antonio 'El Chuchin' Soto, negó esta mañana que haya cobrado unos $2,000 en dietas legislativas en días en los que no estaba laborando en la Legislatura.

Durante una entrevista para WKAQ, Soto sostuvo que 'jamás en la vida. Nadie puede creer que yo haya hecho cosa como esa'.

El exlegislador, quien hace poco fue sometido a una intervención a corazón abierto, dijo que se está concentrando en estar en óptimas condiciones de salud para poder comparecer el miércoles a la sala de invetsigaciones del Tribunal de San Juan donde se espera que se presenten cargos en su contra.

'El miércoles voy a estar allí, con presión alta o sin presión alta. Yo voy a estar allí', mencionó a la vez que subrayó que tiene que defenderse.

A principios de semana el Fiscal Especial Independiente (FEI) Emilio E. Arili anunció presentar 26 cargos contra el exsenador, relacionados con la facturación y cobro de dietas legislativas en días que no estaba laborando, por encontrarse de viaje fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.

La presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia M. Cotto Vives, informó que ese organismo le asignó un FEI a Soto Díaz para que realizara una investigación a fondo sobre un referido del Departamento de Justicia que concluyó que 'el señor Antonio Soto Díaz no se encontraba en Puerto Rico durante los días en que alegadamente se celebraron vistas públicas y/o reuniones ejecutivas por las cuales reclamó el pago de dietas'.

Señaló que los 26 cargos que se presentarán ante la Sala de Investigaciones, del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, comprenden 13 por delitos de Apropiación Ilegal Agravada y 13 por Falsificación Ideológica, tipificados ambos como delitos graves.

La licenciada Cotto Vives recordó que el Panel emitió una resolución designando como Fiscal Especial Independiente al licenciado Emilio E. Arill para que realizara una investigación a fondo sobre este caso.

La encomienda al fiscal especial incluyó presentar las correspondientes acciones penales ante los tribunales de justicia, —de así justificarlo la investigación—, según dispone la Ley 2 del 23 de febrero de 1988.