Un grupo de 13 jubilados que forman parte del Junte de Asociaciones con Pensionados del Gobierno de Puerto Rico, han pesentado hoy en su carácter individual, unas sollcitudes de sentencia declaratoria e injunction preliminar y permanente en el Tribunal de San Juan, sobre la recien firmada Ley 3 del 2013, que provoca varios cambios al Sistema de Retiro Central.

Orlando Castro, uno de los demandantes, explicó que el recurso legal lo que busca es que se declare inconstitucional algunas secciones de la ley, que destacan van en menoscabo de los derechos adquiridos por los pensionados.

Estas secciones son las que contemplan la eliminación del aumento de 3% en las pensiones y las modificaciones en los beneficios de las Leyes Especiales.

Por su parte, Genoveva Ríos, coordinadora del Junte, expresó preocupación de que según como esta redactada la Ley, no hay garantías sobre los beneficios de las Leyes Especiales.

NotiiCel le preguntó si ante tal aseveración es que no confiaban en la palabra del gobernador Alejandro García Padilla de que los beneficios de los ya pensionados no serían trastocados, cosa que rechazó.

'No es que no confiemos. Es que cuando hay una ley, puede que sea en estos cuatro años o en cualquier momento (los cambios), y nosotros estamos desprovistos de estos derechos. Y nosotros consideramos que estos derechos adquiridos, son beneficios que nos dieron como una justicia social, para ayudarnos a nosotros los pensionados', puntualizó.

En el recurso legal, los pensionados plantean que el trastocar sus derechos adquiridos atenta contra sus protecciones constitucionales en torno al 'menoscabo de contratos, a la privación de propiedad y el debido proceso de ley'.

Además, trajeron a la atención de que el Código Civil prohíbe que las leyes comiencen a aplicar de manera retroactiva.

'Resulta que el Estado, de manera unilateral, los ha despojado de lo que es parte de su patrimonio, al menoscabar el monto del bono de navidad de $600 a $200, eliminar el bono de verano y derogar el aumento periódico de pensiones. Todo lo antes indicado, ocurrió sin el consentimiento expreso de los aquí peticionarios y sin haber tenido la oportunidad de disfrutar de su derecho a un debido proceso de ley', reza en la petición judicial.

El licenciado Ernesto Aponte, abogado de los demandantes, manifestó a este diario digital que la expectativa es que el Tribunal revalide la postura adoptada en el caso llevado a cabo por los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, alegando que el tener escoltas era un derecho adquirido.

Además, aseveró que está tomando en consideración la doctrina adoptada por el Tribunal Supremo en el caso Bayron Toro v. Serra, de que las pensiones de los retirados no pueden ser menoscabadas una vez éste comienza a disfrutar sus beneficios de retiro.

De otro lado, Ríos sostuvo que el dar paso a estos cambios a partir del 1 de julio, incidiría en los problemas económicos para esta población y su salud, al ver reducidos sus ingresos.

'Ese dinerito nosotros lo exprimimos, para tratar de que junto a nuestra pensión, pues podamos por lo menos, tener una mejor calidad', sentenció Ríos.

Tanto Castro como Ríos entienden que el Gobierno tenia ante si otras medidas, que no se tomaron en consideración, y que estas no afectaban a los pensionados.