El Departamento de Justicia se mostró optimista en que, al final de los procedimientos judiciales, el ministerio público prevalecerá en el caso criminal que se sigue contra 29 imputados por el fraude en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guaynabo, celebradas en marzo de 2012.

Así lo adelantó a NotiCel el director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de Justicia, fiscal Alberto Valcárcel Ruiz, quien se mostró confiado en que el caso seguirá adelante, pese a las 17 mociones de desestimación presentadas por abogados defensores el pasado martes.

'Ante la radicación de varias mociones de desestimación por parte de algunos de los acusados en el caso de fraude cometido durante las primarias del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo, los fiscales asignados al caso están trabajando en estos momentos en la respuesta del ministerio público a las peticiones de dichos acusados. Nuestra intención es presentar nuestros argumentos al tribunal el próximo lunes 20 de mayo. Estamos seguros de prevalecer en nuestra posición', destacó el fiscal Valcárcel Ruiz, quien supervisa el caso.

Justicia presentó un total de 110 cargos criminales contra los 29 imputados.

Debido al alto número de imputados, se asignaron cuatro fechas para las vistas preliminares, iniciando el lunes, 20.

En la vista en la que se escogieron las fechas, el fiscal Edmanuel Santiago, apostó a su caso en el cual las violaciones al Código Penal imputadas son: robo de identidad, perjurio, proveer información falsa y falsedad ideológica.

'Los planteamientos de derecho se le van a hacer al juez. Si ellos traen ese planteamiento, nosotros ya sabemos lo que vamos a responder porque antes de nosotros radicar los cargos, obviamente analizamos las leyes, no lo hicimos al azar y el planteamiento que haya que hacer lo haremos en sala', afirmó Santiago.

Las mociones plantean varias razones para que las acusaciones sean desestimadas siendo la principal la falta de jurisdicción porque en este caso aplica el llamado 'principio de especialidad', o sea la Ley Electoral y no el Código Penal, dijo a NotiCel uno de los abogados defensores, Alexis Acevedo.

'Existe unos principios en el derecho penal que se tienen que respetar. Aquí existen en el Código Electoral disposiciones de ley que recogen o envuelven los hechos que alega el ministerio público. Por tal razón aplica el principio de especialidad, en ese sentido, y existiendo una facultad de la Comisión Estatal de Elecciones se tiene que seguir y regirse por el Código Electoral… hay unos hechos que se tenían que llevar a cabo y no se llevaron a cabo', insistió el licenciado Acevedo.

'Si se verifica el Código Electoral, los delitos no están prescritos y eso levanta bandera', sostuvo Acevedo en reacción a planteamientos que ha hecho la fiscalía en el sentido de que las infracciones a la ley electoral habían prescrito.

'En este caso, tratándose de actos que se imputan haber ocurrido en dentro de un contexto fáctico electoral, y existiendo delitos electorales bajo el capítulo 411 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas cuyos textos son claros, cualquier persona, de ser aplicables, debieron haber sido procesadas bajo los artículos antes mencionados del Código Electoral para el Siglo XXI, en respeto al principio de especialidad', indica la moción de desestimación, copia de la cual obtuvo NotiCel.

'Lo antes expuesto nos obliga a levantar falta de jurisdicción al amparo de la violación al debido proceso de ley y al principio de especialidad, situación de derecho que tiene que ser atendida previo a la celebración de la vista preliminar', indica la moción presentada por Acevedo.

Los argumentos son similares en las 17 mociones solicitando la desestimación.

Las vistas preliminares continuarán el 22 de mayo y 7 y 11 de junio.

De acuerdo con Justicia, el caso sigue bajo investigación, pero no han querido confirmar ni rechazar si definitivamente el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, quedó fuera del presunto fraude.

El esquema de fraude consistió en que directores de dependencias municipales y empleados de nivel intermedio de Guaynabo visitaron urbanizaciones de clase alta de ese ayuntamiento para hacer un inventario de residencias de alquiler y que estuviesen a la venta para ser utilizadas fraudulentamente en las pasadas primarias del PNP.

El alcalde O'Neill fue exonerado de toda responsabilidad por un comité de la Comisión Estatal de Elecciones que investigó el fraude.

El informe, que contiene 183 páginas y un voluminoso anejo, señala que hubo 50 electores que cometieron fraude al realizar trasferencias ilegales de residencia para favorecer a ambos candidatos: Antonio Soto, el protegido de O'Neill y proclamado como vencedor; y el derrotado candidato, Ángel Pérez.

Según la pesquisa administrativa de la CEE, contra O'Neill no había evidencia directa.

'No hay prueba testifical, ni documental directa que vincule al honorable Héctor O'Neill García con un esquema de transferencia ilegales en relación con la primaria del 18 de marzo (2012)', dijo el presidente de la CEE, Héctor Conty, cuando presentó a la prensa el voluminoso informe.