A pocas horas de que el gobernador Alejandro García Padilla firmara el martes tres órdenes ejecutivas de energía renovable, incluyendo una que le brinda prioridad a la conservación de áreas de alto valor ecológico, la jueza Giselle Romero García, del Tribunal de San Juan, se negó a escuchar el planteamiento de la representación legal de un grupo de residentes de Arecibo que alegan discriminación a la luz del programa federal ambiental conocido como el 'State Implementation Plan'.

Específicamente, en la vista se esperaba que el tribunal se pronunciara sobre el recurso de interdicto y mandamus que el grupo de vecinos de Arecibo radicó en contra de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), por ésta supuestamente incumplir con la reglamentación ambiental existente y fallar en implementarla para algunas industrias que emiten contaminantes en este pueblo y otros municipios adyacentes.

Asimismo, la parte demandante desea que la JCA haga cumplir con el documento conocido como 'Regulation for the Control of Athmospheric Pollution' (RCAP), también conocido como la Reglamentación 6630 del Departamento de Estado de Puerto Rico.

Curiosamente, esta Reglamentación 6630 fue firmada en el 2003 por la propia Romero García, cuando ésta era secretaria auxiliar de Estado bajo el mandato del exsecretario Ferdinand Mercado, durante la gobernación de Sila María Calderón.

Tal vínculo de la ahora jueza con la política pública ambiental del gobierno presupone que ésta posee el conocimiento necesario para determinar si en efecto la JCA no ha sido diligente en implementar la reglamentación vigente con respecto a estas industrias y la propuesta de incinerador en Arecibo, que es otro de los argumentos del grupo de vecinos demandantes.

'Ese cuerpo legal (Reglamentación 6630) le impone unos deberes a la Junta de Calidad Ambiental con relación a toda una serie de trámites que tiene que realizar para las industrias que son contaminantes en Puerto Rico. Nosotros estamos reclamando que en Arecibo existen toda una serie de industrias que tienen que estar incluidas en un ‘Toxic Release Inventory', para estudiar la transferencia de tóxicos que nos vienen desde otros pueblos a Arecibo', dijo a NotiCel la abogada del grupo de vecinos, Aleida Centeno Rodríguez.

A pesar de que uno de los reclamos principales de este grupo de arecibeños se centra en la oposición a la propuesta de incinerador en el municipio, su litigio actual aspira primeramente a que la JCA asuma sus responsabilidades como ente regulador de la calidad del aire en la Isla.

De acuerdo a Centeno Rodríguez, la demanda no solamente aspira a proteger la salud de los arecibeños, sino, además, sentar un precedente al pedirle a la JCA que implemente la Regulación 6630 y establezca criterios de control de calidad de aire.

'Lo que pedimos es que el tribunal establezca cuáles son todos los deberes ministeriales de la agencia para con cualquier comunidad en Puerto Rico, no solamente Arecibo, de cómo es que tienen que buscar la data, cómo tiene que calibrarle, cómo tienen que rectificar los calibradores, cómo es que tiene que hacer unos planes de monitoreo', argumentó la abogada de los vecinos afectados.

En la demanda, además, se denuncia a la incineradora 'Safe Tech' que opera en Arecibo, pero no ha estado expuesta a un monitoreo ('Toxic Release Inventory') desde el 2010.

'Esta demanda no se trata solamente de la incineración. Esta demanda se trata de las farmacéuticas, de que se queman desperdicios de farmacia. Arecibo es en este momento el pueblo de la Isla más devastado por la negligencia de la Junta de Calidad Ambiental', puntualizó Centeno Rodríguez.