En aras de atender efectivamente el problema de maltrato infantil en la Isla, hace falta una revisión de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, y asegurar la prestación de servicios en las dependencias gubernamentales.

De acuerdo a la jueza Sonia Ivette Vélez, administradora de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), en las salas judiciales con la Ley 246 del 2011, los jueces están enfrentado 'un montón de escollos por la misma legislación, porque la legislación le exige que en un término extremadamente corto resuelvan el caso, y porque las agencias no tienen las herramientas para poder proveerle los servicios a los niños'.

Según Vélez la Ley establece hasta 6 meses para que se logre superar el problema que se identifique y se reunifique la familia.

Puso de ejemplo que si la situación familiar es por un problema de adicción a sustancias controladas, la experiencia les ha demostrado que en 6 meses no se logra rehabilitar a un adicto.

A lo que cuestionó, 'cómo tu vas a lograr la reunificación familiar en 6 meses si, aquí vengo a lo segundo, no tienes los servicios, si no tienes los psicólogos, el psiquiatra, ni ASSMCA?

Por qué faltan los servicios?

Vélez reconoce que es por 'determinaciones pasadas (Ley 7), la disminución de personal y de servicios nos afectaron a nosotros grandemente. Cuando el Departamento de la Familia se quedó sin abogados o que los que venían (a las salas de los tribunales) no estaban preparados'.

De acuerdo a Vélez si se logra trabajar con el problema del lenguaje de la legislación y se asegura la prestación de los servicios, se minimiza la posibilidad de rebote de casos o lo que denominó como la 'puerta giratorio'.

Las expresiones se dieron en la conferencia 'La Niñez y la Adolescencia reclaman nuestra acción', que realizó el viernes el programa de Justicia para la Niñez de la OAT, en el Hotel Caribe Hilton. En la conferencia se trajo como marco de referencia los miles de casos de maltrato de menores que no fueron investigados el cuatrienio pasado, y que han provocado hasta la creación de una comisión en la Asamblea Legislativa.