El grupo de abogados que le imputa conflicto de intereses a la Presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, E. Torres, radicó en el Tribunal de San Juan una demanda de Mandamus e Injunction en su contra solicitando que se le ordene cumplir con su deber ministerial de notificar a las partes el Informe rendido por el Juez Administrativo en el pleito de clase radicado por más de un millón de consumidores en contra de la Puerto Rico Telephone Company.

El grupo de abogados, encabezado por los licenciados Harold D. Vicente y José A. Andréu Fuentes, alegan en su demanda radicada hoy miércoles que la Presidenta de la Junta de Telecomunicaciones se niega a entregarles copia del Informe del Juez Administrativo que presidió la vista evidenciaría sobre la certificación de la clase en el caso Howard Ferrer y otros v. PRTC, que actualmente se litiga en la Junta.

'El Informe del Oficial Examinador que la Presidenta de la Junta se niega a entregar, contiene las determinaciones, conclusiones y recomendaciones sobre cómo resolver el asunto hechas por el Juez Administrativo que presidió la vista del caso', explicaron los abogados.

Afirman que Torres 'mantiene su negativa, a pesar de que dicho informe es parte del expediente del caso y, por tanto, se trata de un documento público, y a pesar de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió expresamente que las agencias administrativas tienen la obligación de entregar dichos Informes a las partes.'

Anteriormente este grupo de abogados presentó ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental una querella en contra de la Presidenta de la Junta de Telecomunicaciones, Sandra E. Torres, alegando violaciones éticas y conflicto de intereses por la intervención de ésta en casos radicados en la Junta en contra de la PRTC, a pesar de sus estrechos vínculos con dicha compañía al haber sido asesora legal de la misma por espacio de 30 años y tener actualmente una pensión de retiro de la PRTC.

El pleito de clase pendiente ante la Junta de Telecomunicaciones trata de una reclamación de aproximadamente un millón de consumidores que alegan que la PRTC le cobró ilegalmente un cargo por alquiler de equipo en violación de ley. Se alega que el cobro ilegal por parte de la PRTC ascendió a $250 millones, cuya devolución se solicita.