Aun sin contar con las licencias requeridas por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), los tres lideres del Partido Popular Democrático (PPD) que intervinieron en la repartición de $150 millones en negocios de la industria para con el Gobierno, pudieran recibir un toallazo por medio de una legislación aprobada el cuatrienio pasado, que fue presentada por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes.

Y es que el licenciado Edward Rivera Maldonado, comisionado auxiliar de Servicio de la OCS, indicó a NotiCel que la Ley 220 del 2010, permite a ciertos individuos obtener comisiones o pagos de parte de una empresa de seguros o un productor, por gestiones de negocios, aunque no tengan ninguna licencia.

El Articulo 3 de la Ley dispone que 'un asegurador o un productor puede pagar y ceder comisiones, o alguna otra compensación, a un gerente o a personas que no vendan, contraten, tramiten, gestionen, ni soliciten seguros en Puerto Rico, a menos que el pago violare el Artículo 27.100 de este Código'.

Según Rivera Maldonado, el Artículo 27.100 del Código, establece lo que son las rebajas indebidas de las primas. En otras palabras, estas personas no pueden recibir una rebaja en las primas, por negocios que han participado.

En la OCS no existe ningún tipo de registro de personas sin licencias que reciben algún tipo de compensación por negocios de la industria de seguros.

Rivera Maldonado, sostuvo que las únicas formas que la OCS puede conocer los nombres de estas personas, es en el transcurso de una auditoria o que alguien presente una reclamación en la Oficina a esos efectos, y que a raíz de esta querella o denuncia se le haga un requerimiento especial de información a la aseguradora o productor.

Al momento, tanto Rivera Maldonado como Dennise Pérez, directora de Servicio al Público de la OCS, aseguraron que no han recibido ningún tipo de denuncias relacionadas con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y los exlegisladores Héctor Ferrer Ríos y Roberto Prats Palerm, quien han sido vinculados como intermediarios en negocios de la industria de seguros, pero no poseen ningún tipo de licencias. Otro que intervino fue el propio hermano del gobernador Alejandro Garcia Padilla, Luis Gerardo García Padilla.

En el lado penepé, el exlegislador Edwin Mundo también pulula en la industria de seguros asegurando negocios para compañías, particularmente en municipios penepé.

Irónicamente, en el proceso de votación de esta medida que dio paso a la Ley 220, Ferrer Ríos fue uno de los 12 representantes que le votó en contra a la medida.

La OCS expide tres tipos de licencias, que entre otras cosas requieren que el solicitante tome un examen, y que además sea una persona competente y confiable, y cumpla con los requisitos de la Educación Continua. Estas licencias son para productor (corredor de seguros) , o representante autorizado (agente de seguros) o solicitador.

Para efectos prácticos, el solicitador, 'en términos de un ranking, es la figura más baja dentro de lo que es la intermediación de seguros, entiéndase la persona que entre el consumidor y la compañía de seguros lleva a cabo algún tipo de intermediación. Ese solicitador lleva a cabo simplemente una especie de orientación, llenarle documentos, y todo lo hace en representación de un productor o de un representante autorizado. De uno solamente. Así que es una especie de ayudante, si lo queremos llamar de alguna forma'.

El licenciamiento del solicitador esta condicionado a que el productor o el representante autorizado lo nombre, resultando así en el representante exclusivo para quien lo asigne a esa posición. Las gestiones de negocios de seguros que puede canalizar un solicitador dependerán de las clases que tenga aprobadas.

Al mismo tiempo, Rivera Maldonado apuntó que la categoría de solicitador solo aplica para individuos, y no así para una corporación o sociedad.

En cambio, el representante autorizado es el que gestiona seguros, pero en representación del asegurador (empresa) que lo haya nombrado. Y el productor hace lo mismo pero en representación del consumidor, y puede ser para gestiones en más de una aseguradora, para asegurar la mejor cubierta.

Cuando se le cuestionó cuál es el curso de acción de acuerdo al Código de Seguros, si no se poseen ninguna de estas licencias, Rivera Maldonado determinó que se disponen penalidades para los que participan en toda la cadena de negocios con individuos que no tienen licencias. Estas penalidades para la aseguradora o agencia que acepte el negocio, pudieran ser de multas de $50 mil por cada incidencia, y suspensión o revocación de licencias.

De acuerdo al funcionario, la determinación de una suspensión o revocación de licencias va a depender de la recurrencia de la empresa de seguros en permitir dicha práctica.

En cuanto al individuo que lleve a cabo las funciones sin licencias, regularmente en situaciones como esta la OCS lo declara como 'persona no confiable ni competente para ostentar licencia para gestionar seguros en Puerto Rico, porque llevó a cabo unas actuaciones al margen de lo que es el Código de Seguros', y así se supone sea excluido de la industrias.

De haber cometido apropiaciones de primas de forma ilegal, esto pudiera conllevar a un referido al Departamento de Justicia.

Aunque reconoció que se le puede llegar a imponer multas a personas que ejerzan estas funciones sin tener licencias, también argumentó que 'es básicamente casi imposible poder cobrar una multa de esa naturaleza, porque no es una persona con licencia de parte de la Oficina, a veces no es tan sencillo de localizar, es decir, es de difícil jurisdicción'.

Rutinariamente la OCS puede identificar que una persona ejerce una de estas funciones sin tener licencia, por varias vías, por las Unidades de Fraude de las compañías, el ciudadano que lo notifique y en la renovación de licencias.