La jueza Lorraine Biaggi, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto por todos los cargos sometidos contra 29 personas acusadas de cometer fraude durante la celebración de las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) para definir una de las candidaturas a Representante a la Cámara por Guaynabo en el año 2012.

El Director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ, Alberto Valcárcel, sostuvo que la magistrada impuso a cada acusado una fianza de $1,000 por cada cargo.

La vista preliminar quedó señalada para el próximo 24 de abril, en la Sala 404 del referido tribunal.

La radicación de los cargos

Tal y como adelantó en primicia NotiCel, el Departamento de Justicia radicó hoy cargos criminales a 29 personas por el fraude electoral cometido en las primarias del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo.

El secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, anunció que, globalmente, esas 29 personas fueron acusadas por 110 cargos por violaciones al Código Penal.

Entre los acusados figuran: Karen M. Velázquez Negrón ayudante especial del alcalde Héctor O'Neill, Ricardo A. Marrero Santos, miembro de la escolta del alcalde, Wilfredo Martínez Hernández, comisionado de la Policía Municipal de Guaynabo, David Figueroa Almodóvar, exdirector de Transportación Municipal, y Carlos Rey Cotto, subdirector de Recreación y Deportes. Asimismo fue acusada Norma Miranda Gallardo, ayudante de trámite legislativo de la representante Jenniffer González.

Otros acusados fueron: Wilfredo Martínez Hernández, Ingrid Echevarría Colón, Brenda I. Rodríguez Rodríguez, César Beltrán Colón, Miguel A. Díaz Vélez, Christian M. Moreno Peña, Enmanuel Ramos Verdejo, Cynthia Pagán Porrata, Alexis Franceschi Torres, Luis E. Villegas García, Gerardo Tapia Reyes y Juan E. Correa Plata, todos agentes de la Policía Municipal de Guaynabo.

También se radicaron acusaciones contra los policías estatales José M. Rodríguez Pagán y Ángel D. Hernández Pérez, y contra el ex policía estatal Ángel Soto Cruz.

Además forman parte de la lista de acusados los siguientes empleados del Municipio de Guaynabo: Aneudi Báez Fuentes, Clara Vázquez Serrano, Aida Bastard Belpre, Angel E. Alicea Cintrón, Irma T. Román Gómez, Luz M. Cruz Rivera y José A. Hernández Rondón. Completan el grupo Yajaira Rojas López, empleada del Consorcio Guaynabo-Toa Baja y el exempleado municipal Miguel A. Pérez Marrero.

Sáchez Betancesindicó que ésta es sólo una primera etapa de la investigación y que pudiera ocurrir una segunda ronda de acusaciones en este caso particular.

A preguntas de la prensa sobre la posibilidad de posible acusación contra alcalde de Guaynabo, Sánchez Betances dijo que no descarta nada.

También se están investigando casos de fraude electoral en los municipios de Villalba, Guánica, Arroyo.

Valcárcel rechazó señalamientos de los abogados de defensa de que el caso no prosperaría por no aplicarse la ley especial del Código Electoral.

'Éste no es el caso aquí. Aquí hay actuaciones que violan tres o cuatro artículos del Código Penal, no hay problema de principio de especialidad', dijo el fiscal..

Indicó que el Código Electoral no contempla los delitos por los que fueron acusados, que son: información falsa, perjurio, falsedad ideológica y robo de identidad.

NotiCel le preguntó si como parte de la segunda parte de la investigación pudiera haberse de involucramiento contra O'Neill, Valcárcel dijo que 'el desarrollo de la investigación no lo voy a comentar más allá de decir que la investigación continúa'.

Por su parte, el presidente del PNP y Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, indicó en un comunicado de prensa que 'he sido enfático en el pasado, y hoy reitero, que cualquier actuación contraria a la ley tiene que ser investigada, procesada y que en caso de probarse, la persona debe pagar las consecuencias'.

'En el día de hoy ha comenzado un proceso por parte del Departamento de Justicia a base de unas denuncias. Como Secretario de Justicia que fui, tengo fe de que este proceso sea uno correcto, de acuerdo a estricto Derecho, y libre de apasionamientos y motivaciones político-partidistas', añadió.

Sin embargo, increpó que 'llama poderosamente la atención el hecho de que después de tantas filtraciones sobre los detalles de la investigación y luego de tantos comentarios públicos por parte de los que investigan, hoy hayan decidido no abundar sobre otras posibles investigaciones y que dejaran 'a la interpretación' del pueblo otros posibles involucrados'.

'Quiero pensar que esa manera de actuar no responde a un interés de dejar por la libre las insinuaciones de violaciones por parte de líderes del PNP. Las acusaciones presentadas hoy ya han sido objeto de sospecha, pues surgen en una semana devastadora para la administración y para el PPD. Cualquier funcionario público que se preste para perseguir a un penepé, será objeto de nuestra más enérgica denuncia', agregó a la vez que concluyó que 'confío en que el sistema de justicia cumplirá su misión y que el pueblo sabrá juzgar el desempeño de la presente administración'.

El esquema de fraude consistió en que directores de dependencias municipales y empleados de nivel intermedio de Guaynabo visitaron urbanizaciones de clase alta de ese ayuntamiento para hacer un inventario de residencias de alquiler y que estuviesen a la venta para ser utilizadas fraudulentamente en las pasadas primarias del PNP.

El alcalde de Guaynabo no sería acusado debido a que fue exonerado de toda responsabilidad por un comité de la Comisión Estatal de Elecciones que investigó el fraude.

El informe, que contiene 183 páginas y un voluminoso anejo, señala que hubo 50 electores que cometieron fraude al realizar trasferencias ilegales de residencia para favorecer a ambos candidatos: Antonio Soto, el protegido de O'Neill y proclamado como vencedor; y el derrotado candidato, Ángel Pérez.

Pero a O'Neill lo exculpa, por los menos, en cuanto a la evidencia directa.

'No hay prueba testifical, ni documental directa que vincule al honorable Héctor O'Neill García con un esquema de transferencia ilegales en relación con la primaria del 18 de marzo (2012)', dijo el presidente de la CEE, Héctor Conty, cuando presentó a la prensa el voluminoso informe.

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