Las vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 238, que prohibiría el discrimen por orientación sexual o identidad de genero en el empleo, arrancaron con visiones encontradas entre funcionarios del gobierno, líderes religiosos que defienden, principalmente, sus actividades academicas de lucro, y los defensores de los derechos humanos.

El primer ponente fue el secretario del Trabajo, Vance Thomas, quien favoreció la medida por ser 'un gran paso en la dirección correcta' y citó la jurisprudencia que existe a nivel local y en los Estados Unidos sobre el discrimen en el área laboral.

Recordó que el discrimen por orientación sexual e identidad de género está prohibido por ley en 16 estados y en Washington D.C. Mientras, en otros 21 estados está vedado el discrimen en el empleo por orientación sexual.

'En la actualidad miembros de la comunidad LGBTT carecen de protección legal en casos de discrimen por orientación sexual e identidad de género. Debido a este hecho, el estado de derecho actual permite que un patrono despida a un empleado por su orientación sexual o identidad de género, sin sufrir consecuencias punitivas', indicó.

'En el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos creemos firmemente en la protección de los derechos de los trabajadores y mejorar la calidad de vida de éstos. Un proyecto de ley que establece como política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el repudio del discrimen por orientación sexual e identidad de género en cualquier gestión gubernamental, pública o privada, es un gran paso en la dirección correcta', dijo Thomas.

Sin embargo, el titular del Trabajo favoreció que se excluya de la aplicabilidad de la ley a algunas organizaciones religiosas.

'En aras de establecer un justo balance de intereses entre el respeto a la libertad de culto y el respeto a la igualdad en el lugar de empleo, recomendamos que se incluya una cláusula en la cual exima de esta enmienda a ciertas organizaciones religiosas. Exhortamos a que esta disposición contenga parámetros claros para su aplicación, que distingan entre las actividades ecuménicas y comerciales llevadas a cabo por estas organizaciones', destacó Thomas.

'Yo creo que esto es un problema de país que tenemos que atenderlo. El hecho de que esté ocurriendo, ya sean muchos o sean pocos, hay que atenderlos… el trabajo debe ser para cualquier persona que tenga los méritos', sostuvo Thomas a preguntas de Bhatia.

Tras concluir su ponencia, Thomas defendió su recomendación para que se incluya la enmienda para excluir a las iglesias y que a esas instituciones sí puedan discriminar contra la comunidad gay.

'Estoy defendiendo el proyecto para que no lo ataquen por inconstitucionalidad. Si la ley no contiene esa enmienda la van a declarar inconstitucional', afirmó Thomas a preguntas de NotiCel sobre cómo se puede construir una ley para privilegiar a las actividades económicas religiosas.

'Es un balance de interés. Nosotros no podemos imponerle la obligación de reconocer relaciones entre personas del mismo sexo es una violación al derecho que ellos tienen también de correr sus propias instituciones… hay una separación absoluta de iglesia y estado', destacó Thomas, quien respondió en la afirmativa que las academias religiosas de cualquier denominación sí pueden discriminar.

Myriam Costa indicó que, en la actualidad, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos recopila datos de quejas por orientación sexual por estereotipo, pero destacó que 'la comunidad homosexual está desamparada' porque no hay una ley que los proteja.

'Eso no implica una protección adicional. Sencillamente es una entrada de datos al sistema pero analizamos los casos por razón de estereotipo… si la persona manifiesta abiertamente su orientación, su preferencia sexual carecería de todo tipo de protección legal', destacó la funcionaria.

La pastora Rolón defendió sus intereses económicos como empresaria y lo que llamó 'libertades religiosas en el lugar de empleo'.

'Esto va a levantar una cacería de brujas… otro ejemplo es que este proyecto obliga a que patronos con convicciones religiosas le extiendan, en contra de sus creencias, los mismos beneficios otorgados al esposo o la esposa de un empleado, a la pareja de otro empleado suyo que es homosexual. Todo esto violentando la creencia razonable del patrono de que financiar beneficios para parejas del mismo sexo, por ejemplo, alienta a la práctica de tal conducta, aportando a lo que él entiende es inmoral', sostuvo la líder fundamentalista.

'El estado los obliga a rechazar y negar sus convicciones, sus valores morales y hasta su fe para poder continuar trabajando y poder continuar sustentando su hogar. Esto va más allá de discrimen; esto es tiranía', destacó Rolón en su ponencia.

Rolón recibió aplausos del público presente, en su mayoría seguidores de ella.

'Yo no estoy de acuerdo con ningún despido injustificado', indicó Rolón, quien increpó al senador Nieves sobre el propósito detrás de su medida y destacó que los hombres nacen con miembros y las mujeres con vaginas.

En tanto, el defensor de los derechos humanos y activista gay, Pedro Julio Serrano, destacó varias máximas de la Constitución puertorriqueña de que 'la dignidad del ser humano es inviolable' y que 'todos los hombres son iguales ante la ley'.

'La completa separación de iglesia y estado dispuesta en nuestra Constitución y los derechos de libertad e intimidad reconocidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, nos obligan a reconocer que el derecho puertorriqueño debe ser fiel reflejo de los valores de inclusión de nuestra sociedad, una sociedad que se enorgullece de su aspiración de igualdad en el trato a todos los seres humanos', sostuvo Serrano en su ponencia.

Al hacer hincapié en que la mayoría no puede imponerle a la minoría sus creencias, Serrano afirmó: 'la prohibición al discrimen tiene que ser total, absoluta y consecuente con la garantía constitucional de la igual protección de las leyes'.

Recordó que los funcionarios electos juraron sus cargos prometiendo sobre una biblia defender la Constitución de Puerto Rico y no al revés.

'Puesto en términos sencillos y humanos, esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de sacar de su urna la Constitución y hacerla viva, tiene que legislar para garantizar la igualdad ante la ley de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros y transexuales', sostuvo el activista gay.

Organizaciones como CABE, COA, Coaí y PR CoNCRA tienen los turnos de la tarde y son las primeras de un grupo más amplio que depondrá el próximo viernes en la continuación de las vistas.

Según el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, de CABE, 'no cabe duda que la historia de las comunidades LGBTT en Puerto Rico ha sido una de privación sistemática de sus derechos humanos contando para ello con la complicidad del Estado en sus tres ramas de gobierno. En lugar de cumplir con su mandato de proteger a todos los componentes de nuestra sociedad, las tres ramas de gobierno le han dado la espalda a estas comunidades privándole siquiera su ciudadanía o disfrute pleno de sus derechos. Han sido las comunidades LGBTT unas de las que con mayor crudeza han sufrido el discrimen y la marginación en nuestra sociedad. La privación de sus derechos constituye una crasa violación de derechos humanos'.

Por su parte, Olga Orraca Paredes de la Coalición Orgullo Arcoíris (COA), expresó que 'una vida digna, el derecho a trabajo, a vivienda, a educación, acceso a la justicia, independientemente de la orientación sexual e identidad de género no son derechos especiales y sí parte de lo que corresponde a toda y todo ciudadano. El reconocimiento de derechos continúa siendo el gran desafío en nuestra sociedad'.

La senadora novoprogresista Itzamar Peña aprovechó su turno en la vista pública para congraciarse con los fanáticos religiosos en el salón Leopoldo Figueroa y mostró su total desconocimiento al señalar que el proponente de la medida no presentó en el proyecto de ley estadísticas de casos presentados en los tribunales.

La senadora, quien dijo que votará en contra del proyecto, no estuvo presente cuando el Secretario del Trabajo señaló que no hay casos en los tribunales ni estadísticas porque no existe una ley que proteja a las personas de despidos en sus lugares de empleo por orientación sexual e identidad de género.

Previo al inicio de la audiencia pública, el lente de NotiCel captó a Serrano y Rolón, dialogando cordial y amenamente, pese a sus posturas diametralmente opuestas en torno al polémico proyecto y la homosexualidad.

En efecto, Serrano tuiteó sobre el encuentro: