La polemica decisión reciente del juez federal Gustavo Gelpí, a favor de que a los Testigos de Jehová se les provea mecanismos de entrada a vecindarios con acceso controlado, abre la puerta para que las compañías de seguridad y las asociaciones de residentes comiencen a darse cuenta que el control de acceso 'no es un impedimento de acceso'.

El investigador y emplazador privado, Fernando Fernández, reveló a NotiCel que en Puerto Rico se ha convertido 'en uso y costumbre' una práctica ilegal por parte de los guardias de seguridad en las urbanizaciones con control de acceso de impedir el paso a cualquier persona si no tienen la autorización del residente al que van a visitar o tratar de entregarle un documento legal como un emplazamiento.

Fernández, dueño de la compañía Covert Intelligence LLC, dijo que desde que se implantaron los controles de acceso ha confrontado problemas, incluso, para entregar documentos expedidos por los tribunales del país.

'No le afecta sólo a ellos (religiosos). Toda la vida hemos tenido problemas. Principalmente, por la idea generalizada que lo que hacen los detectives son casos de infidelidad y eso es lo menos que hacemos. En el caso nuestro que tenemos una sección de emplazamientos y hacemos investigaciones de todo tipo a diario nos topamos con el problema, de que no nos dejan entrar a entregar documentos. Se los enseñamos y como quiera no nos dejan pasar. En algunos casos, nos escoltan a las residencias, pero nos advierten que no podemos bajarnos a tocar la puerta del residente y cómo le voy a entregar el emplazamiento', expuso Fernández en entrevista con este diario digital.

Indicó que su compañía hace investigaciones de seguros, pensión alimentaria, empleados robándoles a patronos, entre otras, y a diario enfrenta problemas con los controles de acceso.

'La Ley de Control de Acceso, desde que se implementó, era bien clara que era un control de acceso, no era un impedimento de acceso. Se supone que el guardia de seguridad te tome el nombre y la tablilla y te deje pasar, pero en Puerto Rico se ha convertido en costumbre que el guardia llama al residente y si el residente se niega a recibir la visita no te dejan pasar y eso es ilegal', destacó.

Fernández indicó que hay guardias de seguridad en los que su personal se identifica, le presenta los documentos oficiales y sus identificaciones del estado y aún así se niegan a darle paso.

Por ello, celebró a la decisión federal a favor de los Testigos de Jehová, quienes demandaron con éxito a varios ayuntamientos con urbanizaciones lujosas para que los dejen llevar su mensaje religioso puerta por puerta. La decisión también ha sido fuertemente criticada por residentes de urbanizaciones con control de acceso que no desean recibir la visita del grupo religioso, las cuales usualmente ocurren sábados en las mañanas.

'Al sol de hoy, después de la decisión del juez Gelpí, todavía no te dejan pasar. El problema es que se había vuelto un descontrol donde todo el mundo que vive en control de acceso se habían vuelto inalcanzables', afirmó el emplazador.

'Las asociaciones de residentes son las culpables porque al momento de contratar la compañía de seguridad, aparte de tratar de conseguir el mejor precio, lo primero que le dicen a los guardias es que ‘si el residente no lo autoriza, no me dejen pasar a nadie'. Yo he sabido ir con documentos en la mano de la corte, me identifico porque tengo identificación del estado y como quiera no te dejan pasar. Pero, las compañías de seguridad, que generalmente son de detectives privados, conocen la ley y saben que tienen que tomar nombre y tablilla y dejarlo pasar. El problema es que las compañías de seguridad saben que si que si lo hacen como dice la ley, la asociación de residente la va cambiar porque están dejando pasar a todo el mundo', explicó.

Citó como ejemplo, la urbanización Miradero en Humacao, donde no te dejan pasar ni tan siquiera para ver las casas en alquiler o para la venta, un propósito de acceso que no es ilegal. Situaciones similares ha experimentado en Apolo, en Guaynabo, entre otras.

Fernández aseguró que esta es una problemática que existe en todo Puerto Rico y recordó a las compañías de seguridad que las calles y las aceras 'son públicas, pertenecen al municipio', luego que el desarrollador ha hecho oficialmente el traspaso de titularidad del proyecto.

'El problema viene desde hace tiempo y me alegro del logro de los Testigos de Jehová porque es un abuso lo que están cometiendo y violando la ley', puntualizó.