La presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), Sandra Torres, le dio la bienvenida a cualquier investigación de la Asamblea legislativa sobre su desempeño como Titular de dicha agencia, asegurando que ha trabajado con profesionalismo, verticalidad e integridad desde el primer día que asumió las riendas del organismo que fiscaliza la industria de las telecomunicaciones y cable en Puerto Rico.

Las expresiones de Torres surgen tras la radicación de unas querellas a la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justica y el anuncio de una posible investigación en su contra de parte de una comisión senatorial.

'A pesar de las imputaciones y referidos que se me han hecho durante el día de hoy, me siento muy tranquila porque durante estos pasados tres años he cumplido fielmente las normas y obligaciones de mi cargo. A mí llegada a la JRT, solicité dos opiniones a la Oficina de Ética Gubernamental precisamente proveyendo la lista de todos los casos en los que participé, directa o indirectamente, durante mi empleo en PRTC. La segunda opinión a Ética trató sobre el mencionado tema de la pensión que recibo de PRTC. Surge de la opinión de Ética que la pensión de PRTC es un derecho adquirido, que la pensión está protegida bajo Erisa, lo que significa que en el peor de los escenarios donde la Junta tome una decisión que lleven a PRTC a la quiebra, el plan de pensiones continuaría', sostuvo la Presidenta.

A su vez, añadió que el Senado de Puerto Rico pasó juicio sobre su nombramiento y tuvo la oportunidad de interrogarla y 'fui confirmada por unanimidad, incluyendo el voto del hoy gobernador Alejandro García Padilla'.

Asimismo, certificó que se ha inhibido de los casos que así lo han requerido y que las expresiones de los abogados, que durante el día de ayer, radicaron las mencionadas querellas no están juradas y están basadas en hechos no solo que no le constan de propio y personal conocimiento si no que no son ciertos, ya que la empleada que mencionan no proveyó la información en la que se fundamentan.

'Nos ha resultado particularmente sorprendente que abogados de tanta experiencia hayan pretendido tener acceso a un informe que no ha sido evaluado por los dos miembros de la Junta que están atendiendo el caso. La práctica histórica en el derecho administrativo es que el informe del oficial examinador se divulga luego que el Organismo Administrativo ha pasado juicio sobre el mismo', manifestó la licenciada en referencia.

'Soy una mujer trabajadora, luchadora, profesional e íntegra y lo he demostrado en mi trayectoria de más de 30 años en la industria. Que investiguen lo que deseen, siempre hemos estado disponibles para proveer la información que se nos ha solicitado', señalo Torres tras garantizar que los trabajos en la Junta continuarán como de costumbre.

Finalmente, Torres, a través de la secretaria de la JRT, Zaida Cordero, certifico con copia de documentos que se ha inhibido de todos los casos que puedan representar algún tipo de conflicto de interés como lo requiere la Ley 213 del 12 de septiembre de 1996, conocida como la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996.

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