Organizaciones magisteriales han expresado su rechazo y molestia con la reciente decisión del gobernador Alejandro García Padilla de prohibir el pago de exceso acumulado por licencia de enfermedad del mes de marzo.

'Se le ha dado otro golpe abusivo al magisterio puertorriqueño', opinó el presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), Emilio Nieves Torres en un comunicado.

'El gobernador García Padilla continúa dándole vigencia a la Ley 7 de Fortuño, al tomar medidas iguales a las de su antecesor. Al igual que Fortuño, García Padilla pretende enviar a miles de maestros a sus casas para que se ausenten 5, 10 y hasta 20 días para que agoten sus días acumulados por enfermedad. Esto es una medida que va contra los trabajadores de la educación y contra los miles de estudiantes que no tendrán clases', agregó.

Detalló que la Ley 184 del 3 agosto de 2004 es la que establece el pago por días acumulados de exceso por enfermedad.

'Hacemos un llamado a la Legislatura a que se una a los trabajadores e impida esta medida dictatorial y abusiva del gobernador. Los maestros y los estudiantes de Puerto Rico no podemos tolerar más medidas de injusticia, insensibilidad y atropello. Los que se hagan cómplices de este abuso, sepan que tendrán el repudio de un pueblo que se ha autoimpuesto la prohibición de olvidar,' concluyó.

La OE-2013-014 establece que 'se prohíbe a toda agencia, cuyos gastos de funcionamiento se sufragan en su totalidad o en parte por el Fondo General, la utilización de fondos públicos, independientemente de su origen, para cubrir el pago de liquidación de licencia por enfermedad. Por consiguiente […] la licencia de enfermedad no utilizada por los empleados será acumulada y disfrutada de la misma manera que la licencia de vacaciones'.

Por otro lado, la organización magisterial EDUCAMOS, a través de su portavoz, Eva L. Ayala Reyes, indicó que, 'como si no bastara con los golpes que ha recibido el bolsillo de la clase trabajadora, ahora el gobernador prohibió el pago por exceso de días por enfermedad a los empleados públicos mediante orden ejecutiva firmada silenciosamente el 28 de febrero'.

'Primero fue el aumento sustancial del costo del agua, el aumento en el costo de la luz, luego la eliminación de parte de los ingresos a los retirados y a los empleados públicos, así como el aumento de la edad para retirarse. Ahora asestan este nuevo golpe a nuestra clase trabajadora. A esto se suma continuo aumento en los precios de los artículos de primera necesidad con un Departamento de Asuntos del Consumidor que lo que hace es legalizar todo tipo de atraco a nuestro bolsillo. Eso sin olvidar la privatización del aeropuerto', dijo Ayala.

'Mientras tanto, los alcaldes de ambos partidos siguen aumentándose los salarios; las pensiones privilegiadas de los alcaldes, legisladores y altos ejecutivos del gobierno no se tocan, se mantienen los contratos onerosos de asesores y cabilderos, los culpables de la crisis en los sistemas de retiro siguen impunes y a cada rato el gobernador que se supone defienda al pueblo, se convierte en un simple gestor de las casas crediticias y bonistas. Nos preguntamos si es esa la función de un gobernador', agregó.