Los acuerdos cuasi milagrosos que 'logró' el gobierno para declarar la semana pasada que la transacción de privatización por 40 años del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín seguiría adelante no fueron un tema controversial para el privatizador, según documentos financieros de la transacción.

De hecho, lo que revelan los anuncios son más un esfuerzo publicitario de partes interesadas para crear buena opinión pública en torno a la transacción con una coincidencia de actores que incluyen a dirigentes del Partido Demócrata de Puerto Rico, el Partido Popular Democrático (PPD), y los directivos de la empresa editora de El Nuevo Día.

Según el expediente de la Administración Federal de Aviación (FAA), cuando el gobernador electo Alejandro García Padilla se comunicó el 28 de diciembre pasado con el secretario de Transportación federal Ray LaHood, puso tres condiciones a la transacción: 'que ningún empleado sea despedido por la privatización', 'que los aeropuertos cercanos tengan derecho a expandir', y 'que las tarifas aeroportuarias no incrementen'.

Documentos relativos a la transacción indican que en los primeros dos puntos prácticamente nunca hubo controversia real y que, en el de las tarifas, en el cual el Gobernador ha guardado silencio, le espera una sorpresa a los viajeros.

El consorcio privatizador, compuesto por ASUR y Highstar Capital, resumió y dejó claro su plan de operación y de negocios cuando a principios de año fue al mercado de bonos a vender los $350 millones con los que financiaría parte de la compra.

Según el informe de Moody's publicado el 9 de enero, el plan del consorcio es tener ganancias mediante sacarle más dinero por cabeza a los pasajeros que usan el aeropuerto. Para hacerlo, hay dos estrategias principales: reorganizan las operaciones del aeropuerto para llevarlo a su tamaño correcto, y aumentarles a las aerolíneas la tarifa por pasajero, costo que las aerolíneas pasan al viajero y que choca directamente con la tercera condición que puso García Padilla.

La primera estrategia es el legado de varias malas proyecciones hechas en administraciones anteriores, tanto rojas como azules, y que nos tienen con un aeropuerto con tamaño para manejar poco más de 10 millones de pasajeros, pero que el año pasado procesó sólo 4.1 millones de pasajeros. Por eso, el consorcio cerrará terminales para concentrar las operaciones en menos espacio, y por eso es que no hay controversia en 'proteger' empleos del área privada, porque esa gente seguirá sirviendo a el mismo número, o más, de pasajeros. En lo que sí hay controversia es en que otra estrategia es mover todas las operaciones comerciales para ubicarlas en las áreas después de los puestos de seguridad. Es decir, afuera del área de abordaje el aeropuerto sería un almacén de estaciones de servicio de aerolíneas, el grueso de la actividad comercial estaría una vez el pasajero pasa seguridad.

Los acuerdos anunciados la semana pasada son con Dufry, que manejan las tiendas libre de impuesto en el área de abordaje, y con International Meal Company (IMC) que maneja los servicios de comida. Ninguna de la dos operaciones disloca el plan de negocios del consorcio. Las dos están representadas por la abogada Liza Ortiz y una, IMC, tiene como inversionistas a Advent Morro Equity Partners, la firma de inversiones propiedad de Cyril Meduña, esposo de la presidenta de El Nuevo Día, María Luisa Ferré Rangel, y el patrono anterior de la actual jefa de Turismo, Ingrid Rivera, quien era directora de Relaciones con Inversionistas de Advent Morro.

Ortiz estuvo en la lista corta de esta administración para jefa de la Administracion de Asuntos Federales, y es Delegada Nacional del Partido Demócrata de Puerto Rico, que está bajo la presidencia de Roberto Prats, cabildero de Highstar, miembro de la Junta de Gobierno del PPD, y cogestor del Programa de Gobierno del PPD.

'Como abogado de mi cliente no entiendo apropiado discutir los asuntos de mi cliente de esta manera. Mi trabajo aquí ha sido trabajo de abogado, no ha sido trabajo de que yo soy demócrata y ella es demócrata', se limitó a decir Prats a preguntas de NotiCel.

Y los empleos? No hay problema, el informe de Moody's dice que el privatizador 'planifica optimizar los costos laborales del aeropuerto mediante hacer que la Autoridad de los Puertos retenga como empleados suyos cierto personal actual de acuerdo a los términos del contrato y las negociaciones colectivas de la autoridad con sus empleados'. O lo mismo que el gobierno es el que va a retener empleos y ya eso estaba cuadrado en el contrato y en las disposiciones sindicales.

Aumento de tarifas

Como nuevo administrador, el privatizador puede explotar los servicios a las aerolíneas, las actividades comerciales y de comidas, y los servicios de alquiler de vehículos, estacionamiento y transportación.

También, el privatizador impone un nuevo Acuerdo de Uso de Aerolíneas, que tiene vigencia de 15 años y que asegura que el privatizador le sacará $62 millones anuales a las aerolíneas, quienes pasan ese costo al pasajero.

Según Moody's, 'luego de la implantación (del acuerdo), se espera que el costo por cada pasajero estará alrededor de los $14.00, esto es más alto con relación a la mediana de $10.80 de otros aeropuertos de Estados Unidos' en posición financiera similar al de San Juan. Pero, precisamente el que el aeropuerto Luis Muñoz Marín es un monopolio en el transporte aéreo de Puerto Rico es la clave para que Moody's avale esta estrategia como una que podría tener éxito. 'No se espera que este costo por abordaje sea un detente para que las aerolíneas ofrezcan servicios en el aeropuerto', subrayaron.

El informe de Moody's echa por el piso otro argumento oficial a favor de la privatización, el de la inversión en mejoras que haría el privatizador. Según el documento, hay una obligación de mejorar la iluminación y las carreteras. 'Pero estos proyectos no parecen sumamente onerosos y constituyen cerca del 32% de total de las mejoras capitales. El restante 68% de mejoras capitales es discrecional', consignan.

Es decir, el 68% del 'compromiso' de mejoras a las instalaciones se hace sólo si el privatizador quiere.