El estatus obliga a cambiar demanda federal contra la Policía
La insistencia del juez federal Gustavo A. Gelpí para que el Departamento de Justicia federal sustentara su alegación en la demanda contra la Policía de que Puerto Rico es un 'territorio no incorporado' obligó a que dicha demanda fuera enmendada.
El escrito ahora sólo dice que 'el demandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico es el gobierno de Puerto Rico', y eliminar una expresión que seguía a ésta en la que se ampliaba que la isla tiene 3.7 millones y es un 'territorio no incorporado' de los Estados Unidos.
Esto, para responder a una orden seca que el juez emitió el 3 de enero pasado en la que le dijo a Justicia federal que sustentara con 'autoridad legal' la alegación de que Puerto Rico es un 'territorio no incorporado' o, en la alternativa, que retirara la expresión. Justicia federal optó por lo último.
Para Gelpí, quien fue Procurador General en la Administración Rosselló, el término es extremadamente sensitivo ya que, en una decisión muy comentada de 2008, declaró que Puerto Rico se había convertido en un 'territorio incorporado' para todos los fines constitucionales.
El Tribunal Supremo federal dijo, a principios del siglo 20 en los llamados 'Casos Insulares' que incorporar un territorio es un acto expreso que puede realizar el Congreso como preámbulo a la otorgación de estadidad a un territorio. Más recientemente, en un caso relacionado a Guantánamo, expresó que el paso del tiempo puede hacer que los lazos entre Estados Unidos y un territorio se fortalezcan hasta tener fuerza constitucional. De esos dos elementos, Gelpí concluyó que ya la isla había pasado por ese proceso de fortalecimiento de lazos.
Su exigencia a Justicia federal en el caso de la Policía hubiera obligado al gobierno federal a sustentar la posición contraria, de que la isla no se ha incorporado, algo que Justicia federal claramente evadió con su enmienda a la demanda.
El pleito por violaciones de derechos civiles contra la Policía está en suspenso hasta el 15 de abril de 2013, cuando las partes deben informar al tribunal si han llegado a un acuerdo para evitar el litigio. El juez también le pidió a Justicia federal que, para el 30 de enero, informen qué otros pleitos similares han llevado en otras jurisdicciones y cuál ha sido el resultado.