El desarrollador Juan R. Zalduondo negó que la fortuna que las autoridades federales le incautaron el año pasado tuviera un origen criminal o de lavado de dinero, como se alegó en la demanda de incautación, sostuvo que parte de lo incautado es dinero que recibe del Seguro Social, y subrayó que los documentos que explican el negocio que produjo el dinero están disponibles, pero las autoridades no los han verificado.

Las alegaciones vienen en un documento radicado el lunes, con el que finalmente amplía la reclamación que hizo en noviembre pasado, reseñada por NotiCel, en la que sostuvo que era el 'único y legítimo' dueño de $101,962.23 y $475,766.22 de dos cuentas en la Cooperativa La Puertorriqueña, así como $2,579 del Banco Santander que representa el monto de lo incautado.

En el documento del lunes, Zalduondo apunta a opiniones de jueces en otros tribunales de Estados Unidos en los que se le resta peso a que canes olfateadores 'marquen' dinero porque por lo menos una tercera parte del dinero que circular en Estaods Unidos tiene rastro de alguna droga.

Sin embargo, el también abogado no plantea ninguna explicación a las características del dinero incautado que, además de ser 'marcado' por canes policiacos, era en billetes de pequeña denominación, húmedos, malolientes, y amarrados con bandas elásticas, según la declaración jurada del agente investigador.

'No hay nexo entre los fondos del reclamante y cualquier actividad criminal alegada en la querella', indicó Zalduondo en su más reciente documento radicado a través de las abogadas Sonia Torres y Jeanne Habib. El abogado también indico que sus ingresos también provienen de su práctica legal, y sus negocios de bienes raíces que incluyen rentas de ganaderos.

Zalduondo, quien guardo silencio el año pasado cuando agentes lo citaron a interrogarlo sobre el dinero antes de incautarlo, indicó que los fondos provienen de varias transacciones que su empresa, Juaza Inc., sostuvo con la entidad Pairo CRL. Con estas transacciones, Zaldundo obtuvo $6,080,000.00 a cambio de la venta del 50% de una subsidiaria de Juaza, Yacaré LLC. Esa subsidiaria había contraído compromisos de desarrollo de un centro comercial que le dejaría pagos de renta anual de por lo menos $1.3 millones en los próximos 75 años. Zalduondo sostiene que estos documentos fueron mostrados a las entidades financieras para justificar los depósitos y que estaban disponibles para los agentes quienes supuestamente no los revisaron. Sin embargo, la declaración que sirvió de base a la incautación, en efecto, toma en cuenta que esa transacción fue una de las justificaciones que Zalduondo ofreció a los bancos cuando personalmente depositaba el dinero.

La declaración del agente Juan L. Clemente, especialista en crímenes financieros, establece un patrón de depósitos sospechosos y de explicación dudosa que comparten elementos tales como que los billetes eran mayormente con denominación de $20, estaban en paquetes amarrados con gomas, y emitían un olor ofensivo típico de lugares oscuros y húmedos.

El caso de Zalduondo, reseñado en primicia por NotiCel, estremeció a círculos legales y empresariales de la isla por la influencia que tiene el desarrollador quien está vinculado al Partido Popular Democrático, y quien integró la comisión que evalúa el desempeño de todos los jueces en la Oficina de Administración de Tribunales.

Zalduondo tenía proyectos de desarrollo propuestos para el controversial Corredor Ecológico del Noroeste, y figura al centro de uno de los préstamos que el gobierno federal resaltó en la demanda que sometieron contra los exmiembros de la Junta de Directores del banco RG porque en una ocasión al desarrollador se le aprobó un préstamo de $600,000 que no estaba bien justificado y que implicaba sumar a otros $79 millones que ya el abogado había tomado prestado al banco a través de distintas entidades.

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