El Panel de Jueces de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) determinó asignar fiscales para investigar los referidos que realizó el Departamento de Justicia a fin del año pasado contra el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, el exsenador Antonio 'Chuchin' Soto, y el alcalde de San Lorenzo, el popular Joe Román.

La determinación del panel en el caso de Sagardía precedió un controvertible trámite en el que el FEI puso resistencia para recibir el referido, poniendo en peligro su vigencia.

Justicia basó su investigación preliminar contra Sagardía en un informe del Centro de Periodismo Investigativo sobre cómo actuó como secretario en beneficio de ex clientes de su práctica privada y en conjunto con un contratista del departamento, Víctor A. Ramos Rodríguez, que había sido su compañero de oficina y que todavía representaba al ex cliente de Sagardía.

A esto se añadieron hallazgos de una auditoría sobre el uso de la tarjeta de crédito oficial de Sagardía como funcionario público.

'[L]uego de evaluar toda la prueba recopilada por las Divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia entienden que existe causa suficiente para concluir que el ex Secretario de Justicia, licenciado Antonio M. Sagardía De Jesús, cometió los delitos tipificados en los artículos de 193, 210, 219, 224, 235, 255, 257, y 274 del Código Penal del 2004; y los artículos 3.2 (c) y 4.11 de la Ley Número 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada conocida como Ley de Ética Gubernamental', lee el referido de Justicia.

Según una declaración escrita, el FEI entendió que los hechos presentados en el informe rendido por la subsecretaria de Justicia 'amerita una investigación a fondo' pues existe una 'fuente de alta credibilidad' que los sustenta —por surgir de una investigación preliminar de la querella juramentada el 4 de junio de 2012, por la Contralor de Puerto Rico—; 'las alegaciones presentadas son detalladas' y existe 'un alto grado de probabilidad', que el licenciado Antonio M. Sagardía de Jesús haya infringido las disposiciones legales antes citadas del Código Penal de 2004 y de la Ley de Ética Gubernamental, entre otras violaciones.

La resolución del FEI, con fecha de 17 de enero de 2013, resuelve, ordena y designa al licenciado Emilio E. Arill García como Fiscal Especial Independiente y a la licenciada Luz I. Burgos Santos como Fiscal Delegada, para que realicen una investigación a fondo y así rindan el informe Final correspondiente dentro del plazo de noventa días contados a partir de la notificación de la presente resolución.

En el caso de Soto, de todas las controversias en las que estuvo involucrado durante su estadía, el referido versa sobre un supuesto fraude en el cobro de dietas ya que no estuvo presente en las vistas para las que cobró dieta. La práctica, se asegura, es rampante en la Legislatura y tiene practicantes de ambos partidos principales. El fiscal Guillermo Garau quedó a cargo de la investigación.

Por su parte, en el caso de Román, se trata de unas alegaciones expuestas por su contrincante político, el novoprogresista Emanoel Figueroa Arce, quien perdió las elecciones en su intento por desbancar a Román.

El FEI investigará, como posibles coautores, a Pedro R. González Rodríguez, Director de Finanzas del Municipio de San Lorenzo, Gilbert Hernández Orozco, quien actuó en representación del alcalde de San Lorenzo y Iván Andújar González, contratista del Municipio y rinda un informe al respecto. La pesquisa quedó a cargo de Rubén Allende como Fiscal Especial Independiente y a la licenciada Leticia Pabón coma Fiscal Delegada.

El referido involucra un supuesta esquema de fraude en el programa de Comunidades Especiales que afectó al sector Los Oquendo de San Lorenzo y que consistió en la asignación de dinero público para una compra de materiales que nunca se realizó, según la denuncia pública.