Xiomara Rodríguez, acusada por el asesinato de su bebe y cuyo cuerpecito fue colocado en un congelador, será sometida a una evaluación por el psiquiatra del Estado, luego que su defensa alegara que no estaba cooperando.

Empero, la fiscal del caso, Nancy Morales Cruz, aseguró a este diario digital que, a base de la prueba recopilada y la propia confesión de la mujer y el testimonio del padrastro, José Miranda López, se puede concluir que la imputada sí es procesable judicialmente.

'Yo estoy segura que ella estaba en su sano juicio cuando lo hizo. Yo estoy permitiendo que todo esto pase para que el pueblo de Puerto Rico vea que estamos cumpliendo con el debido proceso', aseguró la fiscal a NotiCel.

No obstante, el juez superior de San Juan, Enrique Silva Avilés, ordenó que se le realice la evaluación psiquiátrica el 17 de enero. Los resultados de la evaluación médica se discutirán en una posterior vista de estatus, señalada para el 22 de enero.

La fiscal reveló a NotiCel que ya conoce los resultados de la autopsia y la causa de muerte del bebé de cinco meses, pero prefirió no hacer comentarios sobre eso, que será parte de la evidencia del caso. La autopsia la hizo la patóloga forense, Rosa Rodríguez.

'Ya estamos al otro lado. Murió antes de ser colocado en el congelador. Esa es la imputación nuestra', sostuvo la fiscal.

La propia imputada habría confesado que le dio leche y lo dejó bocabajo en la cuna y se ahogó con su vomitó. Luego, ella y su compañero consensual lo colocaron en el congelador, donde fue encontrado por las autoridades varios días después de su muerte.

Zilkia Muñoz, de la División Legal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), dijo el viernes a NotiCel que en relación a las pruebas de toxicología que se le practicaron al infante de 5 meses y que estaban pendientes por recibir, 'todavía no se sabe nada, está bajo investigación (el caso)', por lo tanto no se pudo determinar, aún, las causas de su muerte.

La imputada, quien se encuentra recluida en Psiquiatría Correccional, es representada pr la abogada Samaris Benítez, de la Sociedad para Asistencia Legal. Mientras, Miranda López es representado por el licenciado Luis Aponte.

La pareja enfrenta cargos de asesinato en primer grado y destrucción de evidencia, entre otros.