La jueza superior de San Juan, Lady Buono, determinó causa para arresto contra el ex representante novoprogresista Jose Luis Rivera Guerra por dos cargos de violación a la Ley de Ética Gubernamental y uno de violación a la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, por no tener no tener permisos de construcción y uso de su casa en Aguadilla a la que le realizó mejoras, incluyendo una piscina que no incluyó en sus informes a la Cámara de Representantes.

El ex legislador quedó en libertad bajo fianza tras prestar los $3,000 que le impuso la magistrada, a razón de $1,000 por cada cargo.

'Según hemos atendido anteriormente situaciones en otros foros, de igual manera lo estaremos haciendo en este, siempre con nuestra conciencia en alto, asumiendo nuestra inocencia como siempre hemos dicho', dijo Rivera Guerra a su salida de la sala de investigaciones de San Juan.

Su abogado defensor, José Rolando Santiago Álvarez, dijo que en las otras etapas de los procesos judiciales podrá demostrar la inocencia de su cliente y afirmó que el caso llegó a los tribunales por tratarse de Rivera Guerra, porque si no se hubiese visto administrativamente en las agencias concernidas.

'En el proceso se verá. Siempre pensamos que va a salir bien, aquí no hay maldad, aquí no hay a sabiendas, aquí no hay intención', dijo el licenciado.

'Sería el primer caso que el Estado lleva por una tontería como esta, es el primer caso en la historia. Que si hubo o no una perisología, eso se brega a nivel administrativo. Yo no sé cuál es el ‘show' de estar viniendo ante el FEI con estas cosas. Sabemos la intención… probablemente, si fuera otra persona, Juan Pérez López, no estuviéramos aquí, pero se trata de José Luis Rivera Guerra', destacó el licenciado Santiago Álvarez.

A preguntas de NotiCel sobre la falta de permisos de construcción y uso de su casa, Rivera Guerra se defendió señalando que eso se dilucidó en la Comisión de Ética de la Cámara que lo exoneró.

'Eso se vio todo, se vio a la saciedad en la Cámara de Representantes con las personas pertinentes, de las agencias pertinentes y todo bajo juramento', indicó Rivera Guerra.

Las acusaciones fueron presentadas esta mañana por los fiscales especiales independientes (FEI), Emilio Arill y Lucy Burgos, tal y como lo adelantó una fuente a NotiCel.

Burgos recordó que Rivera Guerra obtuvo los permisos de construcción y uso de su residencia en Aguadilla en enero de 2012 cuando explotó el escándalo de que hurtaba los servicios de agua y luz.

La FEI añadió que la investigación se inició luego que el contratista William Rivera demandó civilmente a Rivera Guerra por cobro de dinero, luego que el ex legislador se negó a pagarle la totalidad del dinero por la piscina interior que le construyó en la residencia.

De acuerdo con la fiscal Burgos, Rivera Guerra sólo pagó $3,100 de los $11,500 que costó la mejora realizada al hogar y que no incluyó en sus informes de ética y financieros a la Cámara de Representantes.

De ser hallado culpable, Rivera Guerra se expone a una pena de cárcel de tres años y tendría que ir a prisión porque ninguno de los delitos imputados aplica para probatoria o sentencia suspendida.

Rivera Guerra renunció a su escaño luego de que trascendiera que no pagaba contribuciones al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) y que los servicios de agua y luz en sus residencias de Aguadilla y Moca no estaban en orden, e incluían tomas ilegales.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) sacó a Rivera Guerra de la papeleta en las pasadas elecciones, pero el representante corrió por nominación directa, aunque ni él ni el candidato novoprogresista que lo sustituyó, Israel Roldán, ganaron.

*Actualizado.