Mientras el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Jose Perez Riera, manifestó la semana pasada que los tres fiduciarios privados que restaban en el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, habían renunciado a sus cargos, fuentes de este diario digital apunta a que el nombramiento de al menos uno de ellos fue dejado sin efecto por el propio funcionario gubernamental por presuntas represalias.

Para las fuentes consultadas por este diario digital, el panorama en el Fideicomiso y los controles que quiere tener sobre el mismo la Administración Fortuño en sus últimos días de mandato son preocupantes por varias enmiendas que ha sufrido la Ley del Fideicomiso, incluyendo que los activos de sobre $100 millones de dicha entidad ahora se pueden usar para iniciativas de desarrollo económico no relacionadas a la economía basada en el conocimiento ni a las investigaciones, como se supone que era la intención original.

Las denuncias de los propios miembros del Fideicomiso son que la administración de Luis Fortuño intenta politizar su cuerpo rector, el Consejo, para disponer de sus activos, al asegurar mayoría de los representantes del Gobierno y no llenando las tres vacantes que habían de los fiduciarios privados.

Según la ley habilitadora del Fideicomiso se supone el Consejo debe estar compuesto por cinco miembros del Gobierno y seis representantes del sector privado.

Este medio supo que el pasado 20 de noviembre, Pérez Riera, como presidente del Consejo, le cursó una carta al doctor Mariano García Blanco, uno de los fiduciarios privados, en la que le informaba que en una reunión realizada el 19 de noviembre, dicho organismo, que se supone sea cuasi público, nombró a un nuevo fiduciario privado para sustituirlo, ante el hecho de que ya se le había vencido el segundo término de su nombramiento el pasado 30 de septiembre.

La movida de Pérez Riera se da luego de que García Blanco alertara no solo a Fortuño sino también a la comunidad en general, sobre el intento que tenían los representantes del Gobierno de desestabilizar la gobernanza del Fideicomiso, y reclamaba que se llenaran las vacantes de los tres fiduciarios privados.

Sobre su destitución, García Blanco afirmó a NotiCel que dicha determinación se dio en una reunión telefónica convocada a toda prisa con poco tiempo de notificación a los miembros del Consejo, por lo que no pudo estar presente al encontrarse en un viaje en Asia. A su juicio la manera en que efectúo el proceso para convocar dicha reunión fue 'irresponsable y poco profesional'.

La indignación de García Blanco fue tal, que le envió una carta a Fortuño y a Alejandro García Padilla, explicándole el proceso atropellado para dicha reunión y les requirió que iniciaran una pesquisa en torno al manejo del Fideicomiso. La carta no ha sido contestada.

Esta reunión se dio en el marco en que Fabrizio Bonanni, otro de los fiduciarios privados, había renunciado a su cargo en septiembre. También se supo que en o antes de dicha reunión, el tercer fiduciario privado que había en el Consejo, Gil Medina, renunció a su nombramiento.

Siendo así, la decisión de sacar a García Blanco y en su lugar nombrar a Richard Torres como el nuevo fiduciario privado, estuvo en manos únicamente de los representantes del Gobierno que componen el Consejo.

Tres fuentes de este diarios explicaron que anterior a dicho nombramiento, los representantes gubernamentales intentaron infructuosamente que Torres fuera confirmado como fiduciario privado para llenar alguna de las tres vacantes disponibles dentro del Consejo, pero los tres miembros no gubernamentales se habían opuesto.

Por su parte, García Blanco, no quiso confirmar si en efecto él y los otros dos fiduciarios privados habrían rechazado dicho nombramiento, y solo se limitó a decir que 'sí (Torres) fue nominado, al igual que muchas otras personas, pero los nominados por los miembros ex oficio no fueron del mismo calibre que los presentados por los fiduciarios privados'.

Actualmente, los miembros del Gobierno que componen el Consejo son: Pérez Riera en representación del DDEC y de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO); Miguel Muñoz, presidente de la Universidad de Puerto Rico; Juan Carlos Batlle, presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF); y Juan Carlos Pavía, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Ingrid Vila, co presidenta del comité de transición manifestó durante las vistas efectuadas la semana pasada que Torres es un investigador de la Universidad de Yale, y que fue subsecretario de Desarrollo Económico bajo las riendas de Pérez Riera.

Aunque la forma en que se realizó la designación de Torres pudiera ser moralmente cuestionada por algunas personas, la ley habilitadora del Fideicomiso permite que las vacantes del Consejo sean llenadas con el voto de la mayoría de los miembros del Consejo'.

Desde abril 2011 los tres fiduciarios privados venían reclamando a Fortuño el que llenara las tres vacantes que había de los representantes no gubernamentales dentro del Consejo y que se preservara la misión del Fideicomiso, sin recibir ninguna respuesta del gobernador ni sus asesores en La Fortaleza.

García Blanco, lamentó como la política partidista ha corroído el Fideicomiso, en un intento por desvirtuarlo de sus objetivos iniciales.

Para García Blanco resulta 'muy conflictivo' que Pérez Riera llevara dos sombreros dentro del Consejo, pues entiende que el Fideicomiso debe estar principalmente en manos de los fiduciarios privados para estar lejos de 'los vaivenes de la política', lo que no estaba ocurriendo.

Sostuvo que la razón por la que decidió involucrarse en el Fideicomiso era que entendía que la iniciativa prometía servir de plataforma para el desarrollo de empleos de alta calidad relacionados a áreas como la biotecnología y la tecnología de la información. Con este proyecto se intentaba empezar a palear la emigración del talento local a otras partes del mundo al no encontrar buenas oportunidades laborales en la Isla.

La clave para ello era 'crear un ecosistema que involucrara a las universidades, las compañías y el Gobierno, que no podía estar condicionado a las marejadas de cada 4 años'.

Pero la promesa de este proyecto a largo plazo parece tener sus tropiezos con la situación que se vive dentro del Fideicomiso.

Aunque García Blanco se mantiene optimista de que todavía se esta a tiempo para revertir el daño que se ha hecho.

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