Hasta Rina Landrau, del humilde vecindario del Caño Martín Peña, pagó el impuesto ilegítimo del alcalde Jorge Santini. La Oficina de Permisos del Municipio de San Juan le cobró $2,050 por una autorización para remodelar su casa de dos niveles, en el sector Buena Vista-Cantera, en el corazón de la capital. Se trataba de una transferencia de derechos de desarrollo que, según la Alcaldía, estaba obligada a pagar aparte de las patentes municipales.

Para Landrau, ese cobro se convertiría en un misterio. Ella no intentaba desarrollar nada. Simplemente necesitaba cambiar con urgencia el destartalado techo de madera del segundo piso por uno de cemento. Luego tendría que remozar paredes interiores de panel podrido a causa de las continuas inundaciones del área, así como remplazar tuberías y conexiones eléctricas. La Oficina de Permisos del Municipio determinó arbitrariamente que las obras de la casa equivalían a construir una unidad básica de vivienda. Y Landrau efectuó los pagos correspondientes, que se sumaban al préstamo que había pedido al banco para costear la remodelación.

En la avenida Ponce de León, en Santurce, el desarrollador de los grandes edificios de apartamentos y de comercio llamados Ciudadela corrió la misma suerte. Tuvo que pagar al Municipio unos $365,780 de derechos de desarrollo, tan solo por la fase II del proyecto. Y Luis Álvarez, en el barrio de Sabana Llana, pagó $5,800 por ese mismo concepto. Necesitaba agregar dos niveles a cada lado de LAP Compressors, su tienda de piezas de aire acondicionado.

El Municipio de San Juan ha cobrado de este modo más de $20 millones desde 2003, con el Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD). Lo han pagado cientos de ciudadanos que han pedido permisos de construcción. Se trata de un impuesto que, según investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), es ilegítimo. Este programa ya expiró en 2007, y la protección del ambiente que persigue en realidad no está ocurriendo, según testimonios de los afectados, visitas de campo, entrevistas de fuentes anónimas y análisis de documentos municipales.

Quienes pagaron tienen 20 días para impugnarlo, pero muchos no lo hacen porque es una figura urbanística compleja, o no cuentan con dinero para pleitos legales en vistas administrativas o quieren evitar que les paralicen las obras en construcción.

El cobro municipal se hace bajo el alegato falso de que el dinero recaudado se usa para proteger 3,000 cuerdas de bosque en el sur de San Juan. Pero esos terrenos en los barrios de Cupey, Caimito, Quebrada Arenas y Tortugo no se conservan, según reveló la investigación del CPI.

Qué sucede entonces con el dinero? Una fuente del mismo Partido Nuevo Progresista del Alcalde aseguró que el Municipio usa el dinero para alimentar las arcas municipales, en lugar de depositarlo en una cuenta especial para compensar a los propietarios que debían conservar las tierras del sur de San Juan. 'Los empleados de Finanzas no sabían que tenían que poner el dinero en una cuenta especial de reserva, y empezaron a ponerlo en el fondo general, porque los TDD se pagan al mismo tiempo que los arbitrios. Y se quedó así. Si todos los dueños de las fincas que se destinaron a la conservación vinieran a reclamar el dinero se formaría una crisis en el Municipio'.

Para el resto de la investigación, vea el Centro de Periodismo Investigativo.

Residencia de Rina Landrau sujeta al impuesto secreto del Municipio de San Juan. (Centro de Periodismo Investigativo)