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Receso en vista por fraude a Comunidades Especiales

La jueza Gloria Maynard, del Centro Judicial de San Juan, recesó hasta el lunes en la mañana, los trabajos de una vista de Regla 6 que se inició esta tarde contra un abogado y un ingeniero que se idearon un esquema, a traves de una corporación para apropiarse de casi un millón de dólares del Programa de Comunidades Especiales.

Así lo dio a conocer hoy directora de las Divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia (DJ), la fiscal Maricarmen Rodríguez Barea.

Contra el licenciado Ángel Flores Rivera se presentaron cargos, conforme las disposiciones del Código Penal de 1974, por apropiación ilegal agravada (Artículo 166), posesión y traspaso de documentos falsificados (Artículo 272) y falsedad ideológica (Artículo 219).

La investigación reveló que Flores Rivera, quien figuraba como presidente de Alliance Consulting Group, facturó $161,000 por los mismos servicios en más de una ocasión, y que además, presentó documentos con firmas alteradas e información falsa con el fin de justificar el cobro de $77,000 por servicios no prestados.

Rodríguez Barea asegura que el fraude sobrepasa los $900 mil.

La otra persona que figura en el fraude, fue identificada como el ingeniero Luis Figueroa González, quien fue acusado por violar el Artículo 3.2(c) de la Ley Ética Gubernamental de 1985 y por apropiación ilegal agravada (Artículo 166) y por posesión y traspaso de documentos falsificados (Artículo 272), estos últimos también del Código Penal de 1974.

Figueroa González, incurrió en conflicto de intereses, porque siendo funcionario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, trabajó para las empresas del licenciado Flores Rivera, figuró como accionista, firmó los contratos, aprobó la solicitud de servicios y aprobó las facturas de pago.

Los cargos fueron presentados por los fiscales Rodolfo Ocasio y Francisco Sánchez, en colaboración con funcionarios de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del DJ.

Al día de hoy, el DJ ha presentado cargos criminales contra 14 personas que han defraudado el Programa de Comunidades Especiales.