Mientras el alcalde de San Juan, Jorge Santini, propone crear un parque Eco Educativo con hoteles, restaurantes y tiendas, al estilo del ¨Disney Village¨, dentro de las facilidades del Luis Muñoz Marin, fuentes de este diario digital aseguran que la propuesta enfrenta escollos para poder convertirse en realidad.

El pasado martes, 23 de octubre, Santini anunció el ambicioso proyecto que tendrá un costo de $110 millones, en un pareo de fondos públicos y privados. La idea del parque es que tendrá las facilidades para practicar deportes extremos como patinetas y surfing', habrá un zip line, un huerto casero, y utilizará placas solares y aerogeneradores para producir energía. El alcalde apuntó que esperaba iniciar los trabajos de construcción en enero 2013.

Sin embargo, fuentes de este diario plantean que sigue sobre la mesa el cuestionamiento de la legalidad del traspaso de dichos terrenos al Municipio de San Juan por parte de la Compañía de Parques Nacionales (CPN). Y es que para algunos dicho traspaso es nulo ante el hecho de que la Ley Orgánica de la CPN desde el 2004 prohíbe este tipo de transferencias, y hasta ahora no ha sido enmendada. Pese a esto, en este cuatrienio la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la Resolución Conjunta 864 que viabilizaban dicho traspaso, lo que fue firmado por el gobernador Luis Fortuño el 30 de diciembre del 2010.

El 7 de febrero del 2011 tres legisladores de la minoría de la Cámara presentaron la Resolución 1596 para investigar dicha transferencia, pero luego de la Primera Lectura no tuvo mayor trascendencia.

No obstante, la llama se encendió en junio del 2011 cuando el Municipio de San Juan le envió una carta a Punto Verde en donde le daban como plazo hasta el 31 de julio para entregar o desalojar las facilidades que le arrendaban al CPN y ordenó cerrar el acceso al Parque por la avenida Domenech.

Desde julio 2011 Punto Verde inició una batalla legal contra el Municipio, buscando que se haga valer el contrato que contrajeron con el CPN que se supone tuviera vigencia hasta el 2017. Durante el proceso el CPN dejó sin efecto el contrato que mantenían con Punto Verde, alegando la falta de pago del arrendamiento y el incumplimiento de varios cláusulas por no pagar el servicio de agua y electricidad.

En noviembre del 2011 el Tribunal de Primera Instancia decidió no acoger el interdicto presentado por Punto Verde, y validó la cancelación del contrato por parte de CPN, pero no aclaró la controversia sobre la titularidad de los terrenos.

Entonces Punto Verde acudió al Tribunal Apelativo, quienes determinaron que el caso debía volver al Tribunal de Primera Instancia.

Luego el Municipio fue al Tribunal Supremo para revocar al Apelativo sin tener éxito. El pasado 11 de octubre del 2012 el Tribunal Supremo dictaminó un no ha lugar' al certiorari radicado por el Municipio, por lo que los procedimientos vuelven al Tribunal de Primera Instancia.

Actualmente, la controversia de la titularidad de los terrenos queda sin resolver, por lo que el proyecto que anunció Santini todavía ni siquiera tiene seguro el terreno sobre el que se supone que se construya.