Aunque a muchos ha tomado por sorpresa la declarada guerra que libran los directivos de los periódicos El Nuevo Día y El Vocero, para la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (UPAGRA), estos señalamientos no son nuevos, son movidas de negocios y 'nada tienen que ver con la defensa de la libertad de prensa o de los derechos de los trabajadores' según declaró el secretario ejecutivo de la organización, Nestor Soto.

'Nosotros denunciamos, desde julio del 2009, que el Gobierno y los municipios de Guaynabo y San Juan estaban utilizando fondos públicos para beneficiar a varias empresas que estableció El Vocero meses antes de despedir abusivamente a los trabajadores unionados del Departamento de Circulación', reaccionó el sindicato ante las sendas publicaciones que han realizado cada uno de los rotativos argumentando el uso de dinero público en dichas empresas.

'Lo más triste fue que el dinero que recibieron estas corporaciones lo utilizaron para pagarle a subcontratistas que realizaban y continúan realizando el mismo trabajo que los más de cien empleados, padres de familia, que fueron tirados a la calle por El Vocero en el 2009', sentenció Soto.

De igual forma, Soto dijo que la UPAGRA 'no pretende adjudicar la controversia entre esas dos empresas, montada sobre hechos ya previamente denunciados, en múltiples ocasiones y en distintos foros por la Unión', no obstante estarán atentos de que esta pugna no redunde en contra de los trabajadores.

Asimismo, el Secretario Ejecutivo dijo que solicitaron en varias ocasiones reuniones con el entonces Secretario del Trabajo, Miguel Romero, hoy Secretario de la Gobernación, pero que éste nunca contestó cartas, ni accedió a reunirse con el liderato de la UPAGRA, 'por el contrario, continuó extendiéndole contratos y fondos a estas compañías'.

Federación de maestros reacciona a la disputa

Por su parte, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, María E. Lara Fontánez, denunció lo que llamó 'el contraste que existe entre la complicidad con la corrupción y el favoritismo político de parte del ex secretario del Trabajo, Miguel Romero, en el caso del periódico El Vocero, y el trato cruel y despiadado contra la Federación de Maestros.'

La líder sindical recordó que ante la incumbencia de Romero en el Departamento del Trabajo, su organización quedó decertificada y líderes sin licencia.

'Mientras este corrupto funcionario trata con guantes de seda a los empresarios de El Vocero, conspiró con el Secretario de Educación para quitarle el reconocimiento como organización bonafide a la Federación de Maestros y eliminar el descuento de cuotas a los miembros de nuestra organización, desde hace dos años. No conforme con esa repugnante acción represiva que dejó sin empleo a más de treinta (30) trabajadores, el secretario Romero apoyó la destitución y cancelación de por vida de los certificados docentes de once (11) dirigentes de la FMPR que están impedidos de trabajar como maestros y mantener a sus familias', concluyó.