El caso federal contra los dineros incautados al desarrollador Juan R. Zalduondo Viera se encuentra en el mismo lugar que estaba la semana pasada cuando fue radicado: a la espera de que la Jueza Presidenta Aida Delgado Colón autorice el inicio del procedimiento civil mediante la autorización de una orden y aviso.

Zalduondo, un influyente protagonista de los cónclaves de poder en las tres ramas de gobierno, enfrenta la incautación de $577,728.85 de dos cuentas suyas en la Cooperativa La Puertorriqueña, y $2,879 de una cuenta en el Banco Santander, bajo la sospecha de que el dinero es producto del narcotráfico y el lavado de dinero.

El proceso de incautación es uno de naturaleza civil, que no requiere la radicación de cargos criminales. De hecho, a este momento, el tambien abogado no enfrenta un proceso criminal por las alegaciones de que su dinero es de fuentes ilícitas.

Para que una incautación se mueva, los agentes federales le presentan al juez una declaración de las circunstancias y hechos por los que creen que la propiedad debe ser incautada. El propósito es que esta declaración sirva de base para que un juez emita una orden formal de incautación y de esta forma se inicie el proceso.

Una vez iniciado, el dueño de la propiedad puede comparecer en el caso para presentar los argumentos de por que esa propiedad no se le debe quitar.

Es este proceso el que no ha iniciado en el caso de Zalduondo ya que la jueza Delgado no ha autorizado la orden. El fiscal Eugenio Lomba le pidió la orden a la jueza el mismo día 27 de septiembre en que sometió la demanda y la declaración del agente Juan Clemente, de ICE.

Una vez se emita la orden, literalmente una orden de 'arresto' contra la propiedad, el fiscal publica un aviso que le da 30 días al dueño para comparecer en el caso, y que le da otros 30 días adicionales para que someta los argumentos de por que no procede la incautación.

La extensa declaración de Clemente, que no está y no tiene que estar juramentada, detalla varias instancias en las que Zalduondo personalmente compareció a las instituciones financieras para depositar cientos de miles de dólares en efectivo que, una vez sometidos a pruebas de detección por parte de canes y de aparatos electrónicos, arrojaron positivo a la presencia de narcóticos. Además, en todas las ocasiones se trataba de billetes principalmente de $20 amarrados con gomas, húmedos, y malolientes.