El juez federal Daniel R. Domínguez mantuvo viva la demanda de la Asociación de Víctimas de Impericia Medica (AVIM) contra el Contralor Electoral por su censura a una campaña de publicidad de dicho grupo, a pesar de que el funcionario se retractó y permitió la campaña.

Domínguez desestimó la solicitud que la AVIM hizo para un interdicto de emergencia porque, ya que el Contralor Electoral Manuel Torres permitió la campaña, pues no hay ya una acción que el tribunal tenga que obligar a hacer.

Sin embargo, y tal y como solicitó la AVIM el juevez, e juez mantuvo la demanda viva porque el propio Torres, al permitir la campaña, dijo que eso iba a estar sujeto a que su oficina finalizara una investigación administrativa sobre la AVIM.

'Por esto, las alegaciones de los demandantes sobre las violaciones de sus derechos constitucionales de Primera Enmienda todavía están en controversia, lo cual requiere que el tribunal examine los méritos de los argumentos de los demandantes, y su correspondiente solicitud de un remedio interdictal... Además, las alegadas violaciones de Primera Enmienda que pueden haber ocurrido todavía están vigentes en cuanto a los daños provocados', indicó el juez.

Esto implica que un tribunal va a entrar a evaluar los controvertibles poderes que la recién creada Contraloría Electoral tiene para 'apagar' campañas de expresión pública que dicho ente considere que son expresiones políticas de grupos no registrados bajo su ley.

En el caso de AVIM, se trató de dos pautas radiales en las que se le pide al Gobernador que derogue el reglamento que concedió inmunidad limitada a médicos e instituciones hospitalarias en caso de demandas por impericia, lo cual tiene el resultado de poner un tope en lo que las víctimas pueden obtener como compensación.