El juez apelativo federal Juan Torruella dictó un calendario acelerado para el caso con el que los sindicatos buscan intervenir en la campaña política, y pautó una vista para el próximo 11 de octubre.

Después de varias volteretas y señalamientos del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, el caso salió la semana pasada de las manos del juez federal Juan M. Pérez Giménez, a quien se le había instruido que decidiera prontamente.

Pérez Giménez decidió en contra del sindicato Service Employees International Union, uno de los más poderosos en Estados Unidos, en su deseo de iniciar una campaña política en los medios de comunicación. Eso choca contra la Ley Electoral que aprobó la Administración Fortuño y que prohibe directamente a los sindicatos el invertir en campañas políticas.

Se trata de una estrategia sin precedente de control gubernamental de la expresión política que también tiene componente los poderes de censura que se le otorgan a la recién inaugurada figura del Contralor Electoral.

Torruella concedió hasta el 9 de octubre para que las partes sometan escritos y el permitió al sindicato someter un escrito más largo de lo usual.

En su decisión, Pérez Giménez no resolvió la controversia en los méritos sino que resolvió que no va iba a emitir el interdicto que los sindicatos solicitaron porque éstos no lo han colocado en posición de poder resolverlo.

El juez considera que, antes de resolver, los sindicatos tienen que decirle sus 'planes específicos de gastos', y qué partidos o plataformas van a apoyar.

Las uniones plantean que van a hacer gastos de campañas políticas para candidatos y partidos, según las Propuestas para un Mejor País que su asamblea aprobó y que manejan los temas de beneficiencia, derechos humanos, desarrollo sustentable, democracia, y derechos laborales.