Una estructura jerárquica, de persuasión, reglas y control, tal como la idealizara Max Weber al desarrollar lo que llamamos burocracia, es la que rige las cárceles del país. Desde adentro, esa burocracia controlada por reos negocia con la burocracia gubernamental para intercambiar votos por bonificaciones y privilegios que el poder ejecutivo tramita desde afuera.

La más reciente manifestación de esa relación entre ambas estructuras ocurrió el

viernes pasado, cuando un grupo de confinados se reunió con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el senador Roger Iglesias y otros funcionarios bajo el manto de los servicios que ofrece la Oficina de Servicios Interagenciales para confinados y exconfinados.La versión oficial es que en esas reuniones no se 'compran' votos, pero hay un tracto claro de declaraciones, reuniones y actuaciones oficiales que pinta los entendidos a los que han llegado administraciones populares y penepés con la población correccional a cambio de votos.El propio Rivera Schatz está reuniéndose regularmente con confinados desde al menos las contiendas primaristas para las elecciones de 2008.Ahora, es la legislación de su mayoría novoprogresista en el Senado la que, según conocedores, permite que los convictos salgan a la calle más rápido que antes mediante bonificaciones y privilegios.No se trata de fianza ni de penas de cárcel bien largas en los libros, sino de qué pasa una vez el convicto está en el sistema y cómo una serie de leyes y facultades ejecutivos pueden erosionar esas penas hasta llevarlas al mínimo.Fue Rivera Schatz quien redactó la Ley

208 de 2009 que reduce las penas en 25% por trabajo, estudio o servicios - incluyendo los sentenciados por asesinatos premeditados - de aquellos convictos bajo el Código Penal del 2004. Además, aprobó la ley

44 del 2009 que extiende el derecho a recibir bonificaciones de una reducción en sentencia de alrededor de un 43% por buena conducta de aquellos condenados a más de 99 años antes del 20 de julio de 1989.Para Katherine Angueira, activista por los derechos de las víctimas del crimen, el acceso a bonificaciones va de la mano con la incidencia criminal y para explicarlo comparó el sistema de hoy con el del pasado:'Anterior al año pasado, el año donde más asesinatos hubo fue al principio del cuatrienio de Pedro Rosselló González pero una vez aprobó la ley 49 de 1995, excluyó a los convictos por asesinato, violación, incesto y delitos de armas a salir por algún programa de desvío o a tener excarcelación temprana, ahí se redujeron drásticamente los asesinatos. No estamos hablando de fianzas, estamos hablando de ya convictos', expresó la activista.La psicóloga social recalcó que el traqueteo con los presos comenzó con la exgobernadora popular Sila María Calderón y

la revisión del Código Penal en el 2004.Angueira señaló quede las rebajas de sentencias que se aprobaron entonces acortaron a 25 años la pena máxima por violación y secuestro y permitieron que los convictos por delitos graves, luego de 12 años de encierro, pudieran solicitar que los secretarios de Justicia y Corrección fueran ante el tribunal sentenciador para que los declare 'rehabilitados', y así puedan salir a la libre comunidad.La activista a su vez enfatizó que todavía está por verse si todo este sistema de bonificaciones será adoptado por el nuevo Código Penal del 2012.Y es que al parecer, muchas de las modificaciones hechas por el poder ejecutivo responden a un poder cautivo. Una fuente con acceso a las prisiones del país desglosó cómo operan los líderes carcelarios para controlar el voto. Según el confidente, Carlos Baez, cabeza de la Asociación Pro Derechos y Rehabilitación del Confinado (Ñeta) 'nombra en cada cárcel un líder de población...En cada cárcel hay diferentes edificios (y) el líder de la cárcel nombra un líder por edificio'.La fuente aseguró que en la cadena de mandos, los caudillos se reunen con políticos para negociar el voto y donaciones que hace el comité de familiares, a cambio de beneficios como lo fue poder recibir visitas de contacto con sus parejas y participar en programas de desvíos para reducir sus sentencias.'En las elecciones se vota por quien diga el líder máximo y esto sucede así: Mandan a un preso a velar por cómo votan los demás y el preso que no siga las normas se expone a pasar por el comité de diciplina de los Ñeta que es fuerte en castigos. Por miedo a ellos votan como se ordena. En las cárceles los presos son quienes mandan, tanto así que antes de tomar una decisión, los tenientes se reunen con los presospara decirles cualquier cambio a efectuarse', declaró el informante.En un

blog señalado por la fuente, donde aparentemente se recrea un testimonio de Norberto Hernández López, ex líder Ñeta, el propio Hernández López da más detalles de cómo se trabajan las votaciones desde adentro.El convicto, refiriéndose a una carta que envió a la exgobernadora Calderón en el año 2000, contó que además de asegurarle que los Ñetas habían decidido darle su voto, 'también le dije a ella, y esto que estoy diciendo es la verdad, que nosotros coordinamos con amigos, familiares y hasta con los tecatos en la calle'.'Nosotros los recogimos en vanes. Nosotros los curamos. Conseguimos sus tarjetas electorales y se las dimos de vuelta. Todo esto coordinado por nosotros. Yo diría que entre presos, familiares, amigos y tecatos, y perdone por usar esa palabra, le conseguimos como 60 ó 70 mil votos. Y créame, porque eso salió en las noticias. Y ella ganó por nosotros', confesó Hernández López en la presunta transcripción.De acuerdo al relato, a cambio de sus votos, los presos le pidieron a la exgobernadora dos visitas de contacto al mes y poder realizar actividades recreativas en la cancha de baloncesto.Entre los traqueteos recientes de la administración actual, NotiCel publicó una copia de la carta timbrada con el sello del Senado que la 'Chief of Staff' de Rivera Schatz, Katherine Erazo, le envió a un líder político de custodia máxima en el Centro de Detención del Oeste, llamado José Gastón Ponce. En la misiva del 25 de enero de 2011, el Presidente del Senado, a través de su mano derecha, queda a las órdenes del confinado y le asegura que el exsecretario de Departamento de Corrección, Carlos Molina, se encargaría de que no hostiguen a los familiares de los presos cuando vayan a visitarlos.Gastón Ponce también es mencionado por Hernández López como uno de los colaboradores de Calderón.Asimismo Rivera Schatz es mencionado en otra carta escrita por el liderato del 'G-31', o Grupo 31 octubre 1988, en la que se hacen referencias a reuniones en las que se solicitaron traslados y beneficios para realizar actividades.En la carta dirigida a Molina, los portavoces del 'G-31' en la Institución 676 de Ponce, le exigen al funcionario que cumpla las promesas hechas por Rivera Schatz y el alcalde de Yauco, Abel Nazario, de trasladar a todos los miembros del grupo a la institución Guerrero de Aguadilla en 30 días. De acuerdo a la correspondencia , la reunión se llevó a cabo el 8 de febrero de 2009. Esto confirma información suministrada al diario El Nuevo Día de una minuta del grupo Ñeta en la que el liderato de esa otra ganga consigna una promesa similar de parte del mismo grupo de políticos.