Como se ha hecho en tantos fines de cuatrienio político, las administraciones en el poder procuran amarrar o 'atornillar' algunos empleados de confianza con el propósito de asegurarles una posición de carrera que no pueda ser cancelada en caso de que las elecciones generales sean ganadas por un partido contrario al que rige el gobierno y sus instituciones.

Aunque la ley 7 de 2009 - también conocida en síntesis como 'Ley de Emergencia Fiscal' - ya perdió vigencia, fueron muchas las personas que pensaron que a la hora de crear o abrir plazas, el gobierno de turno de Luis Fortuño recurriría a los registros de cesanteados creados bajo dicho estatuto, y así llenaría las posiciones con quienes alguna vez trabajaron para el gobierno y aguardaban por una llamada de vuelta.

Ese no ha sido el caso, según el líder sindical y coordinador del 'Programa de Solidaridad-UTIER' (PROSOL UTIER), Luis Pedraza Leduc.

En entrevista con NotiCel, Pedraza Leduc incluso cuestionó que el gobierno haya utilizado esos registros de cesanteados en alguna ocasión.

'La ley 7 decía que las personas despedidas iban a ir a un registro. Estos registros no los están usando, ni los han usado nunca para nombrar empleados y violaron la propia ley 7. Desde el 2009 cuando comenzaron a botar trabajadores y llenar los registros con los cesanteados, el gobierno se ha dedicado a llenar las plazas regulares mediante contrato transitorio o compañías privadas', dijo el coordinador de PROSOL UTIER a este medio digital.

Dijo que los más recientes casos de 'atornillamiento' en varias agencias demuestran que la administración actual tiene un interés primario de mantener influencia política dentro de la burocracia gubernamental, aún cuando tal acción implique dejar en el aire a quienes pensaron que regresarían a posiciones que ocuparon por varios años.

'El concepto del atornillamiento se hace con personas a quienes les das un puesto de confianza, aún cuando no tiene derecho al puesto. Entonces creas un puesto adicional de carrera para que cuando pase noviembre, si se pierden las elecciones, la personas se quede, a pesar de no contar con el mínimo de 13 años y medio como trabajador en el gobierno', comentó Pedraza Leduc.

'Usted coge el caso de mantenimiento y han contratado una compañía privada en todas las agencias de gobierno que se llama 'Perfect Cleaning' y esa gente está en todas las agencias sustituyendo al puesto de conserje que es un puesto de carrera', prosiguió el líder sindical.

Añadió, además, que más un estatuto dirigido a remediar una crisis fiscal, la ley 7 se desarrolló con el fin de achicar el gobierno y así abrirle paso al establecimiento de las Alianzas Público Privadas creadas bajo la ley 29 de junio 2009.

En ese sentido, Pedraza Leduc cuestionó el discurso de disciplina fiscal promovido por el gobernador Fortuño en diferentes foros, incluyendo la recién concluida convención del Partido Republicano de los Estados Unidos.

'La disciplina fiscal existió para justificar un ahorro para pagar la deuda con los bonistas. Uno se da cuenta que el interés no era ninguna disciplina fiscal en realidad. Toda esa política pública se hizo para satisfacer unos intereses de los bonistas, coger más dinero prestado y así seguirnos endeudando. Una vez cojo más prestado, entonces procedo a montar otras estructuras que tienen que ver con las Alianzas Público Privadas en la administración de edificios públicos. Bajo este panorama, dónde queda la Autoridad de Edificios Públicos y su función?', argumentó Pedraza Leduc.

'No había tal crisis fiscal. Ésta fue inventada para despedir gente con la ley 7 y abrir un espacio para justificar hacer el trabajo con las Alianzas Público Privadas creadas bajo la ley 29', concluyó.