Al tope de capacidad la cárcel federal de Guaynabo
La Jueza Presidenta del Tribunal Federal, Aida Delgado, reconoció que este año ha ocurrido un incremento de por lo menos 500 personas en la población de confinados en la esfera federal y se espera que siga aumentando, pero rechazó que haya un problema de hacinamiento que haga a la cárcel federal comparable con los elementos de violación de derechos civiles en las cárceles locales que refleja el histórico caso Morales Feliciano.
La negativa a las alegaciones de problemas por el aumento de población que recibió NotiCel ocurre a pesar de que 500 personas significa un aumento significativo de los niveles regulares de población en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo, y aún cuando la jueza admite que se están trasladando confinados a Florida como medida de control poblacional.
Según las estadísticas disponibles del Departamento de Justicia federal, la población de la cárcel federal en Puerto Rico ha sido 1,357 (2007), 1,481 (2009), y 1,685 (2012).
Delgado afirmó en entrevista telefónica con NotiCel que 'ciertamente tenemos un número alto de confinados, pero no es que exista hacinamiento, porque por hacinamiento lo que se entiende es que las condiciones de los servicios ya no se pueden brindar, (los confinados) no tienen dónde dormir, que no está adecuadamente clasificados y esa no es la situación'.
Ésta precisó que actualmente la población de confinados en MDC, ronda entre los 1,500 a 1,600. Y la capacidad de la institución, que explicó la mayoría de las personas están ahí hasta que sean sentenciada, es de 1,700 confinados. El informe de esta semana, indica que la población es de 1,685.
'Estamos hablando que debido a las iniciativas federales el número de casos que están trayendo con un alto número de acusados, sí la población ha subido, eso es indiscutible, pero todos los servicios se siguen proveyendo', puntualizó.
Y es que aceptó que las grandes redadas como los arrestos en La Perla, o en algunos residenciales públicos ha tenido su efecto directo en el aumento de la población penal.
A eso se le añade los más de 400 confinados que ha entrado a la institución en los últimos dos años por el acuerdo suscrito entre el gobierno estatal con el federal para procesar ciertos casos sobre Ley de Armas en al menos 7 regiones del país. Sin embargo, Delgado recalcó que este acuerdo no implica que se haya federalizado estos delitos.
'No hay federalización, ese es un término que lo están utilizando allá afuera con una connotación que no es. Primero que nada para los casos de armas el sistema federal tiene jurisdicción, no es que la hallamos adquirido nueva. De hecho, el Estado Libre Asociado y el sistema federal tiene jurisdicción sobre las armas que no se fabrican aquí y vienen en el comercio interestatal y eso nos da la jurisdicción federal. Lo que ocurre es que como en todo sistema y en todo estado, para no emplear doble recurso en un mismo sistema, hay ciertos acuerdos, que son los que se llaman 'memo of understanding', indicó.
Al mismo tiempo que hizo la salvedad de que 'en la medida de que la incidencia criminal y el tráfico de armas ha aumentado, para poder ayudar a las autoridades estatales, el acuerdo que se firmó entre el gobierno federal, la Fiscalía federal y el Gobierno de Puerto Rico, de que cierto casos de armas iban a ser traídos aquí'.
Estos casos, puso de ejemplo que pueden ser porque las armas tuvieran la serie alterada, o las armas se hayan utilizado en un robo domiciliario o un carjacking. Los otros casos de armas siguen estando bajo la jurisdicción estatal.
De otro lado, planteó que alrededor de 50 personas han ingreso este año al MDC por caso de carjacking.
Aunque descartó que hayan personas durmiendo en el piso como alega una fuente de este medio digital. Por otra parte, aceptó que a raíz de las grandes redadas de narcotráfico puede que hayan más de dos personas dentro de una celda en lo que son clasificadas.
'Cuando hay una redada a cien personas y de esas póngale que a 75 los dejan sin fianza. Pues esas 75 personas entran de cantazo. Esas personas puede que en un momento dado entren 3, 4 o 5, estén en una celda grande, porque ellos tienen que hacer un estudio de seguridad, tienen que tener un screening de que los médicos lo vean para que nadie entre ni con varicela, ni con viruela, ni con nada que pueda ser contagioso antes de ingresarlo a la población', sostuvo.
Esta aseguró que son celdas grandes y que todo confinado se le asigna un catre con su mattress. Al tiempo que señaló que tal vez ahora mismo puedan haber 100 personas así.
'Si el confinado en lugar de estar en un catre decido coger su mattress y ponerlo en el piso y dormir en el mattress pero en el piso, ya es otra situación y eso sí podría ocurrir. Pero no es que no tenga una cama, tiene una cama y tiene un mattress, pero no siempre los catres es lo mejor', observó.
Ante este cuadro, se están tomando algunas medidas para atender el problema del aumento en la población penal.
Por un lado, si el confinado tiene un caso también en la esfera estatal y la sentencia en ese foro se dio primero, pues estos son devuelto al sistema de corrección de Puerto Rico. En este proceso se encuentran 30 personas en este momento.
Otra iniciativa es que en vez del confinado tener que esperar en el MDC a lo que el Departamento de Corrección le designe dónde va a extinguir su sentencia, se están transfiriendo reclusos al estado de la Florida, 'para mantener los espacios disponibles'.
'Obviamente no queremos que se transfieran fuera de la jurisdicción personas que tienen su caso pendiente, porque eso va a facilitar el que se comuniquen con sus abogados y que puedan tener información directa sobre su caso', apuntó.
Asimismo, dijo que los jueces escudriñan cualquier petición que les llega relacionada a pedido de transferencia por problemas de salud.
'Lo único que ha cambiado es un mecanismo operacional para asegurarnos de que siga habiendo el cupo necesario y que se mantengan los servicios', sentenció.
Esta puntualizó que 'para nada' en la esfera federal se está ante un problema como el caso Morales Feliciano. E incluso abundó que el próximo 1 de agosto acudirá por invitación al MDC para verificar que todo sigue funcionando.
Asimismo destacó que los abogados también se pueden ver afectados con las medidas, porque se pueden restringir los horarios de visita.
'Todo es en cadena, cuando sube la población penal hay más trabajo para todo el mundo, y pues obviamente si los que entran van a esperar más, pues siempre va a ver quejas', concluyó.
A pesar de varios intentos de NotiCel no fue posible conseguir una reacción del licenciado Héctor Guzmán, director de la Oficina del Defensor Público Federal.