El Departamento de Justicia federal, que en septiembre pasado publicó su propio informe demoledor sobre las fallas sitémicas en la Policía de Puerto Rico, mantiene al día de hoy 'discusiones productivas' para atender esos hallazgos. El bufete que tiene a cargo ese cabildeo ha acumulado $3 millones en contratos públicos que están vigentes hasta el 30 de junio de 2012.

'El departamento está involucrado en discusiones productivas para resolver sus hallazgos, y declinamos realizar comentarios adicionales en este momento', fue la escueta respuesta de Justicia federal cuando se le solicitó reacción a la publicación ayer del informe 'Isla de la Impunidad', por parte de la American Civil Liberties Union (ACLU).

La respuesta de Justicia federal deja en suspenso cualquier posibilidad de que activen pronto lo que sería una alternativa legal después de publicar su informe: el pedirle a un tribunal que someta a la Policía a un tipo de sindicatura bajo la cual ejecutar todas las reformas que de otra forma no se podrían hacer.

La posición también abona a las alegaciones de que los cabilderos de la Administración Fortuño están teniendo éxito en mantener la ofensiva a nivel administrativo para evitar que la crisis en la uniformada se convierta en crisis política para el gobernador Luis Fortuño en la forma de una intervención federal judicial.

El bufete Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, que ha estado manejando el cabildeo, tiene contratos activos con valor de $3.1 millones con la Policía, el Banco Gubernamental de Fomento, el Departamento de Justicia y la Autoridad de Energía Eléctrica. Los contratos tienen vigencia hasta el 30 de junio de 2012, y el equivalente a $1.7 millones de esos pactos fueron otorgados después de que Justicia federal publicara su informe. Previo al informe, el bufete había acumulado $800,000 en contratos que también fueron usados para intervenir en el caso del voto presidencial que llevaba un ciudadano privado en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

A nivel público, la reacción de la Administración Fortuño al informe federal fue contrarrestarlo con su propio 'informe' del exmonitor de la Policía, Efraín Rivera Pérez, pero ese documento provocó comentarios del jefe de la División de Derechos Civiles de Justicia federal, Thomas Pérez a los efectos de que los problemas de la uniformada no se resuelven con un 'punch list'.

Al emitir el informe, Pérez explicó que eso abría un proceso de diálogo con la comunidad, lo cual ha ocurrido con una serie de encuentros con distintos sectores en la isla, pero la División de Derechos Civiles no ha dado indicios de sus próximos pasos formales.

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