El ex secretario del Departamento de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, amenazó hoy en varias ocasiones con abandonar la vista de la Comision de Asuntos de Famlias y Comunidades de la Cámara de Representantes, ante la que compareció para responder a alegadas irregularidades con el Programa de Comunidades Especiales, de la cual supuestamente tenía conocimiento.

Sánchez Ramos reclamaba que le dejaran contestar por completo las preguntas, o que se iría.

La representante Elizabeth Casado, presidenta de la Comision de lo Jurídico, quien presidió los trabajos, le tomó juramento antes de comenzar la comparecencia.

Durante el interrogatorio, tenso entre el deponente y los representantes, fueron múltiples las instancias en las que el ex Secretario dijo que no recordaba la información a la que se le hacía referencia.

Afirmó que no recordaba 'haber trabajado en nada que tenga que ver con el Programa de Comunidades Especiales'.

Sánchez Ramos expuso que no todas las comunicaciones que llegaban al Departamento de Justicia o a su Oficina se referían a su atención. Explicó que muy bien estas comunicaciones las podía referir a un subalterno, dependiendo del peso de las alegaciones, o personal de su oficina referirlo a alguna división del Departamento de Justicia.

Cabe senalar que en ningún momento se vieron miembros de la minoría del Partido Popular Democrático en la vista.

Sánchez Ramos indicó que 'no sé, no recuerdo' si recibió personalmente una comunicación de parte de Julia Torres, ex coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales, en relación a las actuaciones de Luz Laboy Santos, a quien se le encontró causa para arresto el pasado 27 de mayo, por violación a la Ley de Ética Gubernamental. El exsecretario reiteró que si Torres dió seguimiento a su comunicación del 12 de febrero del 2008, 'no fue conmigo'.

Finalizada la vista, Sánchez Ramos indicó a la prensa que compareció 'para cumplir con mi deber y tratar de aportar de forma positiva y en la medida que pudiese, en la investigación que ellos alegan que están conduciendo. Entiendo que mucha información que ellos me solicitaron y de la cual yo no puedo dar detalles, porque no tengo los papeles conmigo ni acceso a los archivos del Departamento, pues es información que han debido requerirle al propio Departamento'.

El extitular de Justicia afirmó que en el Departamento de Justicia existía un Registro Electrónico de toda la comunicación que entraba o salía.

Por lo tanto, Sánchez Ramos puntualizó que 'me sorprende un poco que estuvieran haciendo preguntas de información que sería facilmente accequible a través del requerimiento correspondiente al Departamento de Justicia'.

A preguntas de NotiCel, sobre el hecho de que se le vió incómodo con los cuestionamientos de los representantes, respondió que 'lo que pasa es que me hubiese gustado, o quería insistir desde el principio, en que se me permitiera contestar de la forma que yo entendiera. No me sentía cómodo con la idea de que me hagan una pregunta y entonces quieran acelerar mi respuesta, e impedir que yo de el preámbulo que yo entienda que tengo que dar, para poner la respuesta en su contexto'.

Por otra parte, Sánchez Ramos rechazó que los representantes pretendieran inducirle a perjurio para radicarle cargos criminales.

En esa línea, expuso que 'mi percepción fue que esto, más bien, de lo que se trata es de un montaje para efectos públicos, con un propósito que no tiene nada que ver con la búsqueda de la verdad o con realmente adelantar el interés público de una forma seria'.

'Yo entiendo que si esto realmente se trata de un procedimiento serio, número uno, se me hubiese suplido el documento que yo solicité el pasado jueves, a través de una carta a la Presidenta de la Cámara (Jenniffer González), para poder refrescar mi memoria y llegar lo más preparado posible a la vista', observó.

Sánchez Ramos aseguró que en el Departamento de Justicia se trataba todo con la seriedad que ameritaba, de acuerdo al contenido de las alegaciones.

Durante la vista, Sánchez Ramos manifestó a los representantes que, tras un primer informe parcial de la Asamblea Legislativa que recibió su oficina en julio del 2006, lo refirió a la entonces fiscal, Kendys Pimentel, quien estaba destacada como una de sus ayudantes especiales.

Como resultado del referido, Sánchez Ramos acogió un Memorándum que concluía que las alegaciones no eran de índole criminal, sino que la propia Oficina de Comunidades Especiales debía realizar una auditoría, y que apuntaba que si se seguía indagando, tal vez podría llevar a información que pudiera resultar en algún tipo de cargos criminales.

Pese a que se puso a la disposición de la Oficina de Comunidades Especiales a un agente investigador del Departamento de Justicia, la auditoría nunca se concretó.

Al NotiCel abordarle sobre qué pensaba de las alegaciones que se han hecho actualmente sobre el Programa de Comunidades Especiales, expresó que 'de acuerdo a lo que yo he visto en la prensa, lo más serio es lo de la señora Laboy, ahí yo veo unas cosas que realmente son serias. Igualmente, la carta que me enseñaron de febrero de 2008, tiene unas alegaciones del contratista dueño del edificio y de un carro, que todos esos asuntos son serios y ciertamente ameritaban accion de parte del Departamento' (de Justicia).

En otro ámbito, Sánchez Ramos descartó a este medio digital que haya recibido algún tipo de represalia tras su gestión como Secretario de Justicia, de la administración de Aníbal Acevedo Vilá.

'Yo no conozco de parte del Gobierno ningún tipo de acción en contra mía desde que salí del Departamento. Obviamente, en el proceso de uno tomar unas decisiones como Secretario de Justicia, y se tomaron unas acciones, mucha gente o alguna gente se sintió afectada por esas decisiones y no necesariamente van a estar contentos. Y eso, pues, ciertamente, en el ámbito privado, pues entiendo que ha tenido unas consecuencias, que yo no llamaría represalia, sino simplemente consecuencias'.

Al indagársele sobre 'esos ciertos casos', manifesto que 'yo no me atreveria a especular'. Y añadió que 'unos grupos de intereses específicos, afectados adversamente por las decisiones, que son a veces con poder político, con poder económico, con poder social, pues no necesariamente van a quedar contentos'.

Sin embargo, Sánchez Ramos aseguró que su trabajo como abogado en la práctica privada ha sido 'exitoso' y se ha mantenido 'ocupado':

'Cuando uno administra un Departamento con unos recursos limitados, uno tiene que, obligatoriamente, establecer una prioridad de cuán grave es lo que se está alegando aquí. Realmente, se trata de algo criminal o es algo que se puede trabajar a través de una demanda civil, cancelar un contrato o hacer una reclamación extrajudicial', sostuvo Sánchez Ramos a los medios.

'No hubo razón, durante el cuatrienio pasado, para asignar un task force de 15 fiscales por un informe legislativo que llega y que habla de unas ventanas que se pusieron mal o una acera que se dejó de construir', añadió.