La presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, anunció hoy que citará al ex secretario del Departamento de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, en relación a las irregularidades que han trascendido de la operación del programa de Comunidades Especiales en las pasadas administraciones del Partido Popular Democrático (PPD).

González informó que se había citado a Sánchez Ramos para el próximo martes, 5 de junio, a la 1.00 pm, alegando que podría haber participado en el encubrimiento de los malos manejos.

También se informó hoy de un segundo referido al Departamento de Justicia y al Panel del Fiscal Especial independiente (FEI) a Linda Colón, coordinadora del programa de Comunidades Especiales.

El pasado 1 de febrero del 2012, el titular de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, informó que la División de Integridad Pública recomendó que se le asignara un FEI a Colón por alegadamente haber cometido delitos relacionados al manejo de fondos públicos, al incluir ilegalmente una urbanización del Municipio de Humacao al Programa de Comunidades Especiales, que no cualificaba.

Este segundo referido surge como consecuencia del segundo informe sobre la investigación del Programa de Comunidades Especiales, que rindió conjuntamente la Comisión de Asuntos de Familias y Comunidades y la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

De este segundo informe también surgió un referido a otra coordinadora del programa, Julia Torres.

Se espera que en la tarde de hoy comparezca ante la Comisión, Madeline Cajigas, ex directora ejecutiva del Fideicomiso Perpetuo para el Desarrollo de Comunidades Especiales. La presidenta cameral apuntó que Cajigas, alegadamente, ha evadido recibir la citación a la vista, por lo que no descartan ir a los tribunales para obligarla a comparecer bajo apercibimiento de desacato si no acude hoy.

De acuerdo a González, la citación a Sánchez Ramos es para aclarar unas declaraciones que hiciera Torres ante la Comisión de Asuntos de Familias y Comunidades, que pudiera inferir un alegado encubrimiento de los delitos.

Para González, Sánchez Ramos pudo haber incurrido en 'delito de omisión en el cumplimiento del deber, si conocía de delitos en el Programa de Comunidades Especiales y no hizo nada'.

En una carta provista a los medios se desprende que Torres había informado a Sánchez Ramos en febrero del 2008 las cuestionables actuaciones de Luz Laboy Santos, a quién se le encontrara causa para arresto por violación a la Ley de Ética Gubernamental el pasado 23 de mayo, en la otorgación de contratos en el Programa de Comunidades Especiales.

En la misiva, se plantea que el 30 de agosto del 2005 se sometió una querella a la Oficina del Contralor, porque supuestamente Laboy Santos, quién era ayudante especial de Colón, poseía y utilizaba para su uso personal un vehículo marca Ford que estaba a nombre de Ángel Alvarez, dueño y presidente de la compañía DAM Corporation. Esta empresa era dueña del edificio donde ubicaban las Oficinas de Comunidades Especiales.

Por su parte, González señaló que Torres manifestó en las vistas de la Comisión quecumplió con su deber al radicar una querella en el Departamento de Justicia, que posteriormente le dio seguimiento, pero nunca recibió comunicación.

'Hay información a través de testimonios en las vistas, donde fiscales a cargo recibieron instrucciones de no radicarle informes o acusaciones a estas personas. Así que yo creo que el Secretario (Sánchez Ramos) tiene mucho que explicar sobre ese sentido', puntualizó González.

De otro lado, en este segundo informe de ambas Comisiones, se refirió al contratista Antonio Valentin, dueño de Valentin Line Contractors, que tenía a su cargo la construcción de un parque de pelota en el Barrio Puertos de Camuy, y quién supuestamente cometió perjurio en las vistas públicas.

Según se desprende del Informe, 'la doctora Linda Colón, como coordinadora de la Oficina de Comunidades Especiales fue negligente y no veló por los mejores intereses de la Comunidad Barrio Puertos del Municipio de Camuy, ni por el mejor uso de los fondos públicos provenientes del Programa de Comunidades Especiales, al permitir que un candidato político del Partido Popular Democrático (Juan Sonera) escogiera la localización y las obras a realizarse en ese Comunidad, sin consultar con el Municipio ni los residentes'.

Sobre Torres, el informe establece que 'como coordinadora de la Oficina de Comunidades Especiales fue negligente y no veló por los mejores intereses de la Comunidad Puertos del Municipio de Camuy, ni por el mejor uso de los fondos públicos provenientes del Programa de Comunidades Especiales, al permitir que se compraran unos terrenos para la construcción de un parque de pelota, a sabiendas que los mismos no eran aptos para ese tipo de proyecto, por el hecho de complacer a un candidato político del PPD y sobre todo, al haber sido advertida por el Municipio de la inviabilidad del terreno, antes de su compra'.

Tanto a Colón como a Torres se le imputan posibles violaciones a varios artículos del Código Penal de Puerto Rico y la Ley de Etica Gubernamental.

Más aún, la representante Elizabeth Casado, ex presidente de Comisión de Asuntos de Familias y Comunidades en la Cámara, indicó que Torres recibió donativos de los contratistas del Programa de las Comunidades Especiales para su campaña para Representante por Acumulación en las elecciones generales del 2004.