La jueza de San Juan María de los Ángeles Rabell encontró causa para arresto en contra del exsecretario auxiliar del Departamento de la Vivienda (DV), Federico Del Monte Garrido, en 28 cargos por descuido de fondos públicos relacionado al alegado millonario fraude al Programa de Comunidades Especiales y en uno por venta de taquillas políticas desde sus oficinas, anunció el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani.

Los 28 cargos radicados contra el funcionario por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental que implicaban la malversación de fondos públicos para beneficio propio o de terceros no prosperaron. La jueza le fijó una fianza de $5,800 a Del Monte Garrido.

Somoza hizo el anuncio en un comunicado de prensa en el que se limitó a señalar que los cargos en los que se encontró causa para arresto son por 'malversación de $700 mil fondos públicos quien explicó las denuncias presentadas son por malversación de $700 mil en fondos públicos mediante un esquema donde el imputado autorizó el pago de facturas sometidas por el contratista Ángel Cocero Cordero por servicios en las comunidades especiales donde fue contratado que no fueron prestados'. De acuerdo a Justicia el fraude total ascendió a $6.8 millones.

Del Monte Garrido, reaccionó de inmediato a través de su portavoz Juan Ramos negando 'vehementemente' haber cometido delito alguno relacionado al citado programa y acusó al Estado de persecución política.

Ramos aclaró que evidencia de esto es el hecho de que el tribunal dictaminó que la Fiscalía no presentó evidencia demostrativa de que Del Monte incurrió en fraude, si no en negligencia y anticipó que los 29 cargos restantes no properarán.

Al abordar a Justicia sobre la inconsistencia entre las versiones, el fiscal a cargo del caso, el fiscal de Distrito de Ponce Francisco Sánchez, concedió a NotiCel que en efecto el delito para el cual se encontró causa en el caso de los 28 cargos -por violación al artículo 216 K del Código Penal de 1974- está en la sección llamada 'malversación de fondos públicos', pero lo que implica es 'negligencia o descuido en la erogación de fondos públicos'.

No obstante, insistió en que tiene prueba de que Del Monte Garrido que existía el elemento de intención porque éste sabía que los planos en cuestión no servían y aún así autorizó los pagos, por lo que anticipó que Fiscalía irá en alzada con los cargos desestimados en Regla 6.

Los hechos en cuestión y el esquema imputado por el Estado tanto a Del Monte Garrido como al contratista Ángel Cocero Cordero ocurrieron entre el 2003 y el 2005, periodo en el cuál el entonces funcionario de Vivienda encomendó al segundo la planificación, realización de planos, implantación y supervisión de proyectos en 14 comunidades especiales. Al contratista, quien fue llevado ante la juez la semana pasada y se encuentra libre bajo fianza, se le imputan 30 cargos por entregar planos fraudulentos que no se ajustaban a la realidad existente en las comunidades, cobrar por servicios de supervisión que nunca prestó o que no supervisó conforme a lo pactado, y cobrar por participar en subastas de construcción de nuevas unidades de vivienda que nunca se llevaron a cabo.

'Cocero Cordero, no cumplió con su obligación contractual de visitar las comunidades antes de preparar los planos. Éste y Del Monte Garrido, en concierto y común acuerdo, diseñaron un esquema de preparación de planos para mejoras de residencias que no se pudieron utilizar por los contratistas que se llevaron las subastas porque los mismos no se ajustaban a la realidad', sostiene Somoza.

Además de pagar por servicios no prestados, a Del Monte se le encontró causa por utilizar los deberes y facultades de su cargo público para vender boletos de actividades políticas del Partido Popular Democrático en Vivienda durante horas laborables y utilizando los recursos de la agencia. Éste vendía las taquillas a Cocero Cordero personalmente y por conducto de su ayudante y Coordinador del PPD en Vivienda, Edwin Rodríguez Díaz, sostuvo Justicia.