El candidato a senador por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD) Aníbal José Torres señaló dos aparentes ilegalidades del gobierno de Luis Fortuño al formar parte en un caso que promueve la estadidad para Puerto Rico utilizando fondos públicos y contratando un bufete de abogados.

Torres se refirió a un caso judicial que inició el abogado y simpatizante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Gregorio Igartúa en el 2000, procurando igual derecho al voto presidencial para los puertorriqueños. Aunque el tribunal federal lo encontró 'Con Lugar' ese mismo año, fue revocada por el Primer Circuito de Apelaciones y una nueva petición negada en el 2004.

Las investigaciones resumidas por Torres, señalan que el gobierno de Luis Fortuño intervino en el caso cuando Igartúa regresó a los tribunales federales por tercera ocasión en el 2008, uniéndose a su reclamo como amigo de la corte, en el nivel apelativo.

'Aquí comienza la intervención irregular del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en un caso con connotaciones totalmente ideológicas a favor de la estadidad. Esto representa un claro ejemplo de cómo este gobierno no sabe distinguir entre lo que es legítimo y lo que es claramente político', consideró Torres.

Mencionó que en esa ocasión el Gobienro contrató servicios del bufete Aldarondo y López Bras para la representación de Igartúa. Más adelante, detalló, luego de Igartúa perdiera nuevamente el caso en el foro federal, el Gobierno contrató al bufete Wilmer Cutler Pickerin Hale <><><><><><>& Dorr de Washington, utilizando los servicios del abogado Seth Waxman, quien logró que el ELA dejara de ser amigo de la corte y convertirlo en interventor./p

p'Convierten al Gobierno de Puerto Rico en una parte interesada en el caso… El ELA, para justificar su intervención, argumentó que el Gobiernno debe vindicar los intereses de todos los sectores de Puerto Rico, pese a que más de la mitad de dicho electorado no está de acuerdo con las posturas que se promueven en este caso'./p

pAhora como interventor, el Gobierno ha conseguido una reconsideración en aras de recurrir al Tribunal Supremo de Estados Unidos y se ha presentado el pleito a nombre de los puertorriqueños./p

pEl bufete Wilmer Cutler Pickerin Hale <><><><><><><> Dorr comenzó a tener contratos con el Gobierno en el 2010, el mismo año en que entra al caso de Igartúa. Además, mantiene contratos con a Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Banco Gubernamental de Fomento que suman más de $4 millones./p

pTorres denunció que el Departamento de Justicia contrató a dicho bufete exclusivamente para atender el caso de Igartúa, por $400,000, después de haber presentado su primer recurso en el pleito. La contratación se dio el 14 de enero de 2011 y el recurso a nombre de la agencia se sometió el 10 de enero de 2011./p

p'Eso es preocupante para el pueblo de Puerto Rico porque no solamente están utilizando fondos públicos para costear la defensa de un amigo del gobernador Fortuño en un caso puramente político, sino que el propio secretario de Justicia, el propio Departamento de Justicia está violando la ley porque contratan a un bufete luego de haber realizado los trabajos para los que fue contratado y eso es una clara violación de la Ley 127 que establece que el incumplimiento de un contrato en la Oficina del Contralor prohíbe a una agencia gubernamental efectuar desembolsos o requerir servicios hasta que se registre conforme a la ley y reglamento'./p

pEl aspirante al Senado exigió explicaciones al gobernador Fortuño sobre este aparente uso de fondos públicos en un caso que no parece ser del interés del pueblo de Puerto Rico y sobre la contratación de un bufete luego de que se hubiesen comenzado a ofrecer los servicios./p