Si usted es uno de los que se preguntaba por qué la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, se inhibió de intervenir en el proceso deliberativo para asignar un FEI al ahora exvicepresidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, la respuesta está en la 'reforma' que la Administración Fortuño le hizo a esa oficina.

Además de liderar el organismo encargado de investigar las imputaciones de violencia doméstica que pesan en contra del aún representante, Cotto Vives tiene un contrato para asesorar a la entidad encargada de defender los intereses de la presunta víctima de Ferrer, la Oficina de la Procuradora de la Mujer.

El contrato por concepto de asesoría legal por $60,000 está vigente hasta el 30 de junio de 2012. Pertenecer al único ente fiscalizador 'independiente' del gobierno de Puerto Rico y, a la vez, tener contratos con agencias de ese gobierno era algo que antes no se podía hacer, pero que ahora sí por los cambios a las leyes de esa oficina que promovió la actual administración.

El dato levanta además cuestionamientos en torno a las expresiones de la procuradora Wanda Vázquez el lunes, cuando descartó haberle ofrecido trabajo a la excompañera de Ferrer y alegada víctima en este caso, Elisa Hernández, diciendo que ella ni siquiera tiene abogados en su oficina, por lo que es imposible que le hubiese ofrecido trabajo. Al parecer, aunque no hay plazas formales de abogado en la dependencia, sí los recluta por contrato como lo es el caso de la licenciada Cotto Vives.

El miércoles el PFEI anunció que había decidido asignar a un FEI a investigar a Ferrer por entender que el legislador violó un artículo de la Ley 54 y otro de la Ley de Protección de Menores, tras el alegado incidente de violencia doméstica con su pareja.

El licenciado Ismael Colón Birriel presidió la sesión que evaluó el caso, ya que Cotto Vives no participó, y el caso fue asignado al fiscal Manuel E. Núñez Corrada. El fiscal Emilio E. Arill fue designado como fiscal delegado. El FEI cuenta con un término de 90 días para realizar la investigación y decidir si procede o no la radicación de cargos ante los tribunales.