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Martínez y Bravo piden fianza en apelación

Juan Bravo, empresario de la industria de la seguridad privada, y Héctor Martínez, exsenador, ambos convictos por corrupción en el Tribunal Federal y que enfrentan sentencia la semana que viene, pidieron al juez Francisco Besosa que les permita permanecer en libertad bajo fianza en lo que se tramitan sus respectivas apelaciones.

Las solicitudes se registraron en documentos radicados ayer, y que representan el más reciente de una serie de pedidos de cara a la sentencia, empezando porque el juez no los sentencie a términos de encarcelamiento.

Pero ambos tienen que sobrepasar solicitudes de la fiscalía federal para que, precisamente, sean encarcelados de inmediato y para que se les imponga una sentencia con agravantes que sea mayor a los 10 años que la ley contempla para los delitos por los que resultaron convictos el año pasado.

La solicitud de Bravo fue hecha de manera confidencial, pero la de Martínez fue pública y adopta muchos de los argumentos del empresario, principal entre los cuales está que no son un riesgo de fuga y que los puntos que tienen en la apelación podrían conllevar con certeza una revocación de toda o parte de la convicción.

También objetaron el uso de un jurado anónimo, el cual usualmente sólo se usa en casos de crimen organizado; y supuestos errores del juez a la hora de darle instrucciones al jurado para las deliberaciones. En el caso de Martínez, añadió que ningún otro legislador estatal ha sido convicto por el delito de corrupción por el que fue convicto Martínez, y que tan sólo un tribunal adicional ha tenido un caso como ese al frente, resultando en que decidiera que el cargo no le aplicaba al legislador estatal porque no había jurisdicción federal.

A Martínez se le encontró culpable de aceptar un viaje a Las Vegas con los gastos pagos por Bravo a la vez que tenía ante su consideración como senador dos proyectos que afectaban los negocios del empresario.

En caso de que el juez no acepte la solicitud, le piden una ventana de 30 días antes de reportarse al penal, para que el Primer Ciruito de Apelaciones pueda expresarse sobre los recursos urgentes que se anticipa radicarían.