Tres abogados constitucionalistas coincidieron en que el Tribunal Supremo verdaderamente enfrenta una crisis cuyas consecuencias podrían ser detrimentales al sistema de justicia de Puerto Rico y con graves implicaciones en el pueblo.

En casa llena, en el Colegio de Abogados en Miramar anoche, los licenciados Efrén Rivera Ramos, Carlos Ramos, y Carlos Gorrín Peralta discutieron el tranque en el máximo foro judicial suscitado a raíz de una investigación ordenada al juez presidente, Federico Hernández Denton, y luego una más amplia sobre el uso de recursos en la Rama Judicial.

Los cuestionamientos sobre los alcances de las resoluciones emitidas la semana pasada por los jueces nombrados bajo administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) para ordenar a la jueza administradora de los tribunales rescindir del contrato a quien investigaría la rama y para establecer un reglamento sobre cómo sería ese proceso sigue vigente.

De acuerdo con Rivera Ramos, ' los tribunales suelen dictar órdenes dentro de los asuntos sobre los cuales tengan jurisdicción, sobre los que tengan poder para actuar, y la jurisdicción la determina la existencia de una controversia ajusticiable, si no hay controversia, no hay jurisdicción'.

Aclaró que estos jueces, 'no es que no tengan autoridad, tienen autoridad para reglamentar porque la constitución, por vía de excepción, le concede al Tribunal Supremo la facultad de hacer unos reglamentos'.

Habló de los cambios que ocurren en la alta esfera y de que el problema podría ser, más que los cambios, la forma en que se pretende cambiar.

'Todavía no tenemos los criterios para manejar eso', señaló.

El profesor de Derecho de la Universidad Interamericana, Carlos Ramos, optó por catalogar el asunto como una cuestión de 'déficit de legitimidad'.

'Yo creo que la semana pasada hubo una crisis cuando se aprobaron esas resoluciones. Había amenaza de encontrar en desacato a quien dirige los tribunales y al que preside el Tribunal Supremo. Dónde se iba a defender el juez presidente? Eso es una crisis', destacó en referencia a la orden para rescindir el contrato del exfiscal especial independiente César López Cintrón. Dijo que la crisis la salvó, precisamente, López Cintrón, al renunciar.

El abogado Carlos Gorrín comentó sobre la posibilidad que sonó la semana pasada de que el asunto pudiera desembocar en un pleito en el foro federal. Por eso, coincidió con Rivera Ramos, en que es evidente que hay una desconfianza en el poder judicial de Puerto Rico.

'Hablan de que se pudo haber presentado un pleito federal de derechos civiles... Eso refleja profunda desconfianza en el proceso judicial puertorriqueño lo cual es muy triste porque es el lugar al cual podemos acudir las minorías que no tenemos acceso al poder político', detalló.

'Desde 1992 en adelante se ha ido perdiendo la confianza en el poder judicial, que se ha convertido en un balón político. El recurso de los federales es más triste aún. Es triste que todavía a estas alturas el sentido de dependencia llegue al grado de que hasta para salvar la institución judicial de este país tengamos que recurrir al americano', sentenció.

Para el también constitucionalista, la gran controversia se puede resolver 'con un saludable grado de madurez política, madurez jurídica de entender y hacer entender a las personas que ejercen el poder político en Puerto Rico que este pueblo reclama un poco más de seriedad, que el poder judicial no puede ser el balón de juego de fútbol porque de ahí dependen nuestras libertades'.