La jueza superior Isabel Llompart Zeno resolvió que el convicto exsenador novoprogresista Jorge de Castro Font se va a quedar representado por el exjuez Heriberto Sepúlveda en su caso estatal; y determinó que las declaraciones que ofreció al Departamento de Justicia en 2008 antes de su arresto federal no están protegidas por un acuerdo de inmunidad así que no hay razón para desestimar los cargos de corrupción y evasión contributiva que enfrenta.

Con las dos resoluciones emitidas esta tarde, la jueza despeja los asuntos que estaban pendientes, por lo que el juicio estatal contra De Castro proseguiría a menos que el acusado pida el auxilio del Tribunal de Apelaciones.

En el tema de la representación legal, la jueza argumentó que '[a]cceder a la petición del acusado provocaría demoras e interrupciones adicionales a los procedimientos del caso de epígrafe y tendría un efecto negativo sobre la adecuada administración de la justicia'. Consignó que no le asignaría un cuarto abogado a De Castro Font, en vista de que Sepúlveda es su tercero. El segundo, Manuel Suárez, salió del caso por determinación de la propia jueza, quien lo sacó.

En cuanto a la desestimación de los cargos que presentó el Fiscal Especial Indpependiente (FEI), Guillermo Garau porque son resultado de un testimonio que De Castro ofreció a dos fiscales de Justicia en octubre de 2008, la jueza determinó que nunca se configuró un acuerdo de inmunidad. Específicamente, porque a la fecha de la entrevista estaba vigente una orden administrativa sobre otorgamiento de inmunidad que específicamente excluía los asuntos que fueran de la jurisdicción del FEI.

La jueza también interpretó que el acuerdo de inmunidad que tiene De Castro con las autoridades federales aplica a lo que exprese bajo ese acuerdo, y no a lo que había expresado a los fiscales antes de que se le concediera el acuerdo.

De Castro también había señalado que el procesamiento por parte del FEI violentaba su derecho constitucional a no ser procesado dos veces por el mismo delito porque se tarta de la misma conducta por la que se declaró culpable a nivel federal. Pero la jueza sostuvo que, para efectos de la aplicación de leyes penales, se ha determinado que Puerto Rico y Estados Unidos son dos entes soberanos, por lo que no es el mismo aparato gubernamental el que está acusando dos veces a la misma persona por la misma conducta, sino dos aparatos distintos y separados. Por esto, en su visión, no se violentaría el derecho constitucional.

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