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Rivera Guerra: 10 días de suspensión por 'negligente'

Con una alusión a otros casos notorios en que la presión pública tenía un fallo preconcebido, y los jueces a cargo tomaron decisiones opuestas, la presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara, Liza Fernández, informó en conferencia de prensa la decisión de los nueve miembros que la componen en el caso del representante del PNP, José Luis Rivera Guerra, quien fue básicamente exonerado de todas las acusaciones excepto la que se mencionó como 'negligencia en seguir el proceso de construcción de la casa de Aguadilla', por lo que se recomendó 10 días de suspensión y una multa también de 10 días sin cobrar dieta.

Sobre los hallazgos de la Comisión en cuanto al denunciado uso ilegal de energía eléctrica, el representante Ángel Peña, presentado por Fernández, dijo que los funcionarios de AEE, ante preguntas directas de los miembros de la Comisión, determinaron que el arrimo no es de Rivera Guerra, no es ilegal, no hay figura de robo, y se conecta un contador a partir de ahora.

Se estableció en las preguntas de la Comisión y las respuestas de los funcionarios de la AEE, que el legislador Rivera Guerra estaba gestionando desde 2008 con la AEE la instalación de un contador.

'No hay delito ni violación alguna, ni es ilegal el arrimo, siempre y cuando se registre el consumo, como es este caso', explicó Peña a la prensa, haciéndose eco de lo dicho por los mencionados funcionarios.

Sobre el segundo asunto, el uso ilegal de agua según las denuncias contra Rivera Guerra, fue el representante Ramón Peña, otro de los integrantes de la Comisión presentado en la rueda de prensa por Fernández, quien explicó que: 'Contrario a lo que salió en la prensa, según los funcionarios de la AAA que concurrieron aqui, el compañero Rivera Guerra no era cliente de la AAA y los inspectores que revisaron el terreno no encontraron ilegalidad alguna'.

De las investigaciones de campo y administrativas de la AAA, surgió que las cuentas estaban al día y que no había toma de agua ilegal hacia la residencia de Rivera Guerra, y todas las investigaciones de campo fueron sorpresa y no establecidas de antemano, agregó Peña.

'Sobre la inscripción de las propiedades en el CRIM, en el caso de la casa de Moca la Comisión de Ética de la Cámara encontró que no hubo ilegalidad porque el legislador Rivera Guerra informó al CRIM de la construcción en su momento, y en cuanto a la propiedad de Aguadilla, del documento presentado por el legislador surge que en el 2006 hizo una notificación al CRIM de que estaba en proceso de construcción, entonces el CRIM lo orienta que primero debe segregarse el terreno; Rivera Guerra notifica al dueño del predio del terreno, quien comenzó ese proceso en 2007. La directora ejecutiva del CRIM dijo a esta Comisión que el deber de notificar al CRIM por el legislador comenzaba en setiembre de 2009, cuando comenzó a construir su propiedad, y el legislador había cumplido con ese requisito desde 2006', dijo Fernández.

En cuanto a la construcción de la residencia sin permiso, el representante Torres Zamora, ingeniero de profesión, explicó a los medios que 'en la antigua ARPE fueron sometidos los pedidos de permisos de construcción, en el expediente de ARPE figuran los documentos, pero el levantamiento de permiso de construcción, que es un trámite que compete al profesional a cargo de la obra, no fue completado por el ingeniero a cargo, lo cual es responsabilidad de ese profesional. Aún así, la Comisión entiende que en este punto, el representante Rivera Guerra no fue diligente en dar seguimiento a este aspecto de la construcción'.

Fernández resumió todos las denuncias estudiadas por la Comisión, de las que resultó exonerado Rivera Guerra, pero aclaró que la recomendación que la Comisión está haciendo a la presidenta de la Cámara, Jeniffer González, es una suspensión de 10 días y multa traducida en dietas por el mismo período, y una reprimenda pública al representante Rivera Guerra por 'negligencia en el seguimiento de la construcción de la casa aludida, que es una obligación de toda persona y máxime de un funcionario electo por el pueblo', terminó Fernández.

Liza Fernández, presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. (Roso Sabalones/NotiCel/Archivo)
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