Lejos de disminuir, se ha extendido el hurto de cobre de los acondicionadores de aire y las tarjas de los cementerios, a pesar de los esfuerzos por erradicarlo, reveló hoy Sandra Torres, presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), al reclamar la aprobación urgente de más legislación aumentando las penalidades.

La práctica de robar el cobre hasta ahora se había concentrado en la tubería y los cables telefónicos y eléctricos, pero la funcionaria indicó que esta modalidad delictiva se ha extendido, por lo que reclamó acción urgente para aprobar varias medidas legislativas, incluyendo una que le da faculta de intervenir motu proprio en ciertos casos de telefonía sin mediar una querella.

'Estamos trabajando fuertemente para erradicar esta mala conducta que ha provocado pérdidas millonarias durante los pasados años y ha cobrado la vida de quienes buscan ganarse el dinero fácil a cambio de la venta ilegal de cobre en los centros de acopio, pero todavía falta mucho por hacer', declaró Torres en un comunicado de prensa.

La Presidenta de la JRT quiere más enmiendas a la Ley 41, conocida como la Ley de Metales de Puerto Rico, para aumentar las penalidades y modificar su lenguaje para garantizar y exigir que para la compraventa, permuta, depósito, recogido, almacenaje, transporte, distribución o cualquier tipo de intercambio de materiales de cobre, tenga que contener su cobertura protectora para evitar la actividad ilícita.

Torres se quejó de que, a pesar de haber tipificado como delito varias modalidades de apropiación ilegal de ciertos metales, aumentar las penas, establecer inferencias permisibles sobre la aparente acción ilegal y facultar a la Policía para ciertas intervenciones, no se ha logrado disminuir este delito a los niveles aceptables.

'La Legislatura tiene en sus manos una importante herramienta para erradicar el robo de cobre y el pueblo no puede esperar más. El Proyecto cuenta con el apoyo de las agencias de ley y orden y su aprobación, sin lugar a dudas, redundará en menos robo de cobre y por ende muchos menos los servicios afectados como lo representa el servicio telefónico', insistió la Titular de la JRT.

Asimismo, se manifestó esperanzada en que se apruebe otro proyecto que facultaría a la agencia a investigar motu propio cualquier caso relacionado a la industria de teléfonos para determinar si los costos o cargos establecidos por una compañía de telecomunicaciones están basados en su costo y para establecer que ninguna propuesta de nuevos precios o cargos entrará en vigor dentro de los quince días de haberlo sometido a la JRT.

En días recientes NotiCel informó que el ex superintendente de la policía José E. Figueroa Sancha estará a cargo de varias estrategias relacionadas al hurto de cobre en la JRT y en una alianza con el Colegio Universitario de Justicia Criminal (CUJC) para adiestrar cadetes de la Policía.

Torres alegó que 'la JRT tiene las manos atadas' en las investigaciones porque necesita contar con una querella para poder actuar.

Exhortó a los legisladores a que en esta última sesión del cuatrienio aprueben los diferentes proyectos que respalda la JRT, como uno que obliga a las compañías de telecomunicaciones a que orienten a sus clientes sobre la ilegalidad del 'sexting' y para permitir que la Junta comience una campaña educativa que promueva la seguridad cibernética y el uso apropiado de los equipos de comunicación.