Con suspicacia. Así tomó la Asociación de Empleados Gerenciales y Supervisores de la Autoridad de Carreteras y Transportación (AEGSAC) una serie de determinaciones tomadas por el secretaron del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Rubén Hernández Gregorat.

Según la AEGSAC, Hernández Gregorat, aprovechando que es el único integrante de la Junta de Directores de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), dependencia gubernamental en la que funge como director ejecutivo, emitió una serie de resoluciones bloqueando el acesso a los empleados.

De acuerdo al licenciado Jesús Morales Cordero, asesor de la AEGSAC, a pesar de las peticiones de parte de la Asociación a varios funcionarios de la agencia, incluyendo al propio Hernández Gregorat, estos no han permitido acceso a las resoluciones. Ante esto, en el día de hoy presentaron un mandamus en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en el que solicitan tener acceso a estos documentos, que hasta febrero del 2009 eran públicos en el portal del DTOP.

Hernández Gregorat indicó que 'tan pronto recibamos la solicitud formalmente estaremos respondiendo a la misma'.

Mientras tanto, Morales Cordero, apuntó que el tener acceso a dichas resoluciones les permitiría denunciar públicamente cualquier decisión que atente contra los intereses del pueblo y entablar alguna acción legal de ser necesario.

De otro lado, señaló que recientemente la ACT modificó el Reglamento de Personal de la agencia, por lo que tan pronto como el próximo enero se eliminará el Comité de Apelaciones, entidad que se encargaba de evaluar y adjudicar reclamos relacionados a las clasificaciones de los puestos de los empleados gerenciales, las retribuciones, los traslados y los despidos.

En cambio, se pretende que el propio secretario del DTOP seleccione a tres jueces administrativos, que tendrán a su cargo aquilatar sus determinaciones. Ante esto, la AEFSAC denunció que existe probabilidad de un serio conflicto de interés.

De hecho, el ingeniero Gonzalo Aponte Rivera, quién representó a los empleados en el Comité de Apelaciones, explicó que como está concebido el nuevo organismo, representa un conflicto de interés y 'la confianza de los empleados en esa nueva Junta obviamente se ha perdido'.

A su entender, el Comité de Apelaciones existente es uno 'balanceado, justo, que podemos confiar en él'. Esto porque, tanto el representante de los empleados como el representante del director ejecutivo, son los que seleccionan al juez administrativo.

A juicio de Aponte Rivera, esta nueva Junta atentaría contra la continuidad de los trabajos porque si otro partido es electo al poder, esos tres jueces tendrían que renunciar a su cargo porque son de la confianza del anterior director ejecutivo.

En ese sentido, Morales Cordero puntualizó que 'a nosotros nos preocupa mucho cuales son las movidas que van a hacer con los empleados que van a tener que recurrir ante estos jueces administrativos durante el próximo año, cuya imparcialidad va a estar en entredicho'.

*Esta historia fue revisada para añadir la respuesta de Hernández Gregorat.