La administradora del Fondo del Seguro del Estado, Zoimé Alvarado, otorgó un contrato a una firma de abogados de la esposa de quien saliera despedido de La Fortaleza por conflicto de intereses, Alejandro Figueroa, para, entre otras funciones, cobrar las cuentas en atraso de patronos, a pesar que la agencia cuenta con un Negociado de Cobros, que tiene en su pedigrí una trayectoria de éxito en esa gestión.

Lo que a todas luces tiene visos de la movida que se hace para 'ayudar a la familia política', Alvarado firmó un contrato cuyo monto asciende a los $95,000 en un año, para que la novata firma de abogados, BCS Legal Advisors, una empresa legal constituida el 30 de diciembre del 2010 como una Corporación de Responsabilidad Limitada, ejerza las funciones que en el Fondo realizan abogados con hasta 30 años en la profesión y sobre 15 en la agencia.

El contrato está suscrito a nombre de BCS, corporación representada por la licenciada Natalia Dávila Pesquera, esposa del exasesor de La Fortaleza en asuntos de organización y política pública, Figueroa. Su padre, el también licenciado, Elías Dávila, figura como un abogado laboral y su madre, Rosalinda Pesquera, es una exayudante del exgobernador, Carlos Romero Barceló, cuyo nombramiento al Tribunal de Circuito de Apelaciones fue detenido en el Senado que preside Thomas Rivera Schatz.

Figueroa fue despedido de la Mansión Ejecutiva en octubre del 2009, bajo la dirección del gobernador, Luis Fortuño, al imputársele conflicto de interés cuando se sentó a negociar un contrato bajo el programa de Mi Salud para una corporación, cuyo padre, tiene interese económicos.

Aunque el exsecretario del Departamento de Justicia, Antonio Sagardía, lo eximió de cualquier responsabilidad criminal en los actos, su caso todavía se encuentra en la Oficina de Ética Gubernamental y en la Oficina del Procurador General para determinar si el ex asesor del gobernador Fortuño incurrió en violaciones a la Ley de Ética y a los cánones que rigen la profesión legal.

Entretanto, el pasado primero de mayo, Alvarado firmó un contrato con BCS a nombre de la licenciada Dávila Pesquera, pero que finalmente fue firmado por la licenciada Giselle M. Colón en la que se estipula que la firma de abogados 'asesorará al Director del Área Jurídica de la Corporación en cuanto a los mecanismos de cobo de cuentas asignadas por éste a dicha área; examinará los casos de cuentas morosas; asesorará al director del área sobre los procedimientos para definir, identificar y gestionar el cobro de las deudas consideradas morosas'; someterá al Tribunal aquéllos casos que ameriten una acción judicial para el cobro de cuentas mayores de $5,000 y determinará las acciones a seguir en los casos de embargos y ejecución de sentencia.

El trabajo a realizar por la nueva corporación legal es el mismo que realizan en el FSE, la unidad de cobros que tiene hoy tres abogados, una de ellas de reciente nombramiento, posterior a que Alvarado adjudicara a los letrados privados funciones de esos empleados de carrera de la corporación pública.

El Negociado de Cobros tiene a su haber un historia de éxito que en los pasados años, que según informes de la propia agencia, en el 2007, se incrementó el monto cobrado en un 36.7 por ciento comparado con el 2006.

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