Tras casi dos años de argumentaciones en los tribunales, la Administración Fortuño, insiste en no entregar al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) los documentos relacionados con la ejecución de la polémica Ley 7, de 'emergencia fiscal' que, entre otras cosas, resultó en el despidos de unos 30 mil empleados públicos y decenas de millones de dólares en contratos a empresas que asesoraron sobre aquel proceso.

'Creemos que la razón por la cual el Estado no quiere dar los documentos es porque los tienen precisamente identificados. Tenemos serias sospechas de que hay información que compromete la gestión del Estado y la forma en que se llevó a cabo la ley 7', dijo el licenciado Osvaldo Burgos, abogado de los demandantes, en entrevista con el CPI.

La petición original de los documentos públicos data de noviembre de 2009, y estaba dirigida a la Junta de Restructuración y Estabilización Fiscal (JREF) y al Banco Gubernamental de Fomento. Ante la negativa de esas entidades de entregar lo solicitado, el CPI acudió a los tribunales. El tribunal de primera instancia determinó que el ELA debe entregar todos los documentos que no estén revestidos de confidencialidad. La lista de documentos solicitados fue detallada por el CPI en un recurso de Requerimiento de Producción de Información y Documentos, presentado al tribunal a comienzos de este año.

El Tribunal de Apelaciones ratificó al tribunal de primera instancia ordenando al gobierno a entregar al CPI los documentos solicitados.

El Requerimiento es bastante especifico, enumerando siete tipos de documentos solicitados, entre estos: la hoja de asistencia de la actividad 'Alianzas Publico-Privadas: Conferencia de Proyectos de Puerto Rico', celebrada en octubre de 2009; así como los contratos otorgados a los asistentes a la citada conferencia relacionados con la ley 7; los contratos por servicios de asesoría en torno a la ley 7, así como todos los documentos relacionados y los contratos relacionados a proceso de cesantía en las agencias de gobierno producto de la ley 7.

Sin embargo, el Estado se ha negado sistemáticamente a proveer la información solicitada, pues exige que el CPI especifique los contratos por fecha y nombre de la compañía, lo cual 'facilitaría inmensamente el trabajo' del Gobierno, según han dicho los funcionarios en corte.

Pero, es precisamente el hecho de que estos documentos no se hayan hecho públicos lo que impide al CPI proveer los detalles que exige el Estado como condición para entregarlos.

'El argumento (de la defensa) es circular. El Estado, al no ser transparente en su proceso, no pone al Centro en posición de saber cuáles fueron los contratos que se otorgaron', dijo Burgos.

En una vista celebrada el 17 de octubre pasado, la licenciada Raquel Román, en representación de los demandados, acordó entregar los documentos, pero una semana después presentó una moción de reconsideración retractándose y argumentando que entregar los documentos sería demasiado oneroso para el Gobierno puesto que la petición no incluye los nombres de los contratados y las fechas de los contratos, información que es precisamente la que se está buscando. Además, el Estado exige saber, como condición para entregar los documentos, la pertinencia y utilidad para los demandantes de los datos solicitados.

'El criterio de pertinencia no está contemplado en la doctrina del ELA sobre el acceso a la información', destacó Burgos.

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