Los albergues en los que se atienden a las víctimas de la violencia doméstica en Puerto Rico están a punto de cerrar operaciones porque no reciben los fondos que debería desembolsar el Departamento de Justicia desde hace seis meses.

La presidenta de la red de Albergues de Violencia Doméstica, Vilmarie Rivera, reconoció el compromiso con estos refugios de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, y del caucus de la Mujer, gracias a cuyos esfuerzos se consiguió recientemente un aumento de las ayudas que reciben estos centros, pero lamentó que Justicia haya cambiado el sistema de desembolso para hacerlo trimestral y que en los últimos dos trimestres no se ha procesado el reembolso.

'Al día de hoy a nosotros no nos han pagado' después de seis meses, sostuvo Rivera, quien en una entrevista radial (WKAQ) denunció además que en el Departamento de Justicia no están bien organizados para procesar esos pagos y que incluso 'han perdido expedientes de organizaciones' beneficiarias.

'Ya se han liquidado las líneas de crédito' con las que operaban cerca de 8 de los 11 albergues del país y en las actuales circunstancias 'no llegamos ni al 30 de noviembre'.

'Damos un servicio que el gobierno no puede dar. Salvamos vidas todos los días. Son mujeres que están en riesgo, amenazadas de muerte. Tenemos que tener personal todos los días 24 horas. Trabajamos desde el anonimato. No va haber suficientes albergues para poder salvar vidas, es un asunto de vida o muerte', insistió Rivera, quien reconoció que el gobierno federal no autoriza a realizar adelantos e indicó que los responsables de los albergues están de acuerdo con que se haga por sistema de reembolso, solo piden que sea mensual y no trimestral.

Por su parte, la representante Liza Fernández aseguró que los fondos para que los albergues continúen operando se liberarán: 'para mañana ese dinero va a estar disponible'.

De otro lado, Rivera señaló a NotiCel que en una reunión que sostuvieron con personal del Departamento de Justicia hoy en la tarde, en la que estuvo el licenciado José Luis Jiménez, secretario asociado, se presentaron varias recomendaciones. A su vez los albergues solicitaron que se evalúe el proceso establecido actualmente para el desembolso de los fondos federales. En la reunión hubo un amplio consenso de que la comunicación debía ser más efectiva.

Asimismo, se supone que a más tardar la semana próxima los albergues tenga los desembolsos de los cheques que habían sido retenidos. No obstante, Rivera abundó que Casa de la Bondad permanecerá cerrada hasta que no reciban el dinero. Los albergues que también estaban en riesgo de cerrar operaciones, que eran Casa Julia de Burgos de Ponce y San Juan, Hogar Nueva Mujer, la Casa de Todos y otro que no autorizó a que se divulgara su nombre, permanecerán operando.

De acuerdo a Rivera la problemática principal de este nuevo proceso es que 'cada organización tiene que asumir los costos por esos tres meses, someter una petición al Departamento de Justicia para que luego procesen la solicitud'. Luego tienen que pasar al Departamento de Hacienda para el desembolso de los cheques lo que hace del proceso uno 'burocrático', dijo a la vez que aseguró que los albergues están trabajando para conseguir otras fuentes de financiamiento.

'Nosotros no quisiéramos depender del Gobierno, pero nosotros necesitamos del Gobierno y ellos necesitan de nosotros, porque hacemos el trabajo que ellos no pueden hacer', apuntó.

En esa línea reconoció que ésta no es la primera vez que los albergues han estado en tres y dos y que 'en el trabajo que realizamos nosotros tenemos que entrar en un proceso de mayor educación del trabajo que nosotros hacemos, nosotros salvamos vidas diariamente'. Precisó que cada año los albergues en la Isla salvan al menos 700 víctimas de violencia doméstica y sus hijos.

Muchos de estos albergues sobreviven con líneas de crédito provistas por la banca comercial.

Al día de hoy se han registrado en el 2011 al menos 31 casos de asesinatos de mujeres víctimas de violencia doméstica, sin contar los casos que están en proceso de investigación.

Al presentársele sobre el caso de la desaparecida bailarina Yexeira Torres, que se cree era víctima de violencia doméstica, Rivera puntualizó que 'esto nos hace pensar que nosotros no podemos mirar al agresor exclusivamente por la forma que habla y se expresa'.

Opinó que hasta el ex agente de la Policía, Roberto Quiñones, a quién le radicaron ayer otros cargos en ausencia y se ha vinculado con la desaparición de la joven, pudiera considerase que presentó un 'discurso convincente y la prueba demuestra aparentemente otra cosa'. Por lo tanto, reiteró que la comunidad, el tercer sector y el Gobierno deben unirse para aunar esfuerzos para erradicar la violencia doméstica. Determinó que no se le debe dar más cabidas a la insensibilidad e indiferencia.